Tatuajes, ropa urbana y camisetas de los Chicago Bulls se encuentran entre los indicios que el gobierno de federal ha utilizado para catalogar a los migrantes venezolanos como miembros de pandillas y deportarlos sin el debido proceso.
Una guía interna del Departamento de Seguridad Nacional, revelada en el marco de una demanda federal, asigna puntos a tatuajes, prendas de vestir o conexiones personales para autorizar deportaciones sin juicio.
Esta llamada “Guía de validación de enemigos extranjeros”, desarrollada por la Administración del presidente Donald Trump, detalla un sistema de puntos que permite a los funcionarios de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) clasificar a los migrantes como miembros del Tren de Aragua (TDA) —una banda recientemente designada como organización terrorista extranjera— y ordenar su expulsión inmediata amparándose en la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798.
La guía incluye una lista de 20 criterios divididos en seis categorías: antecedentes judiciales, comportamiento delictivo, simbolismo, asociaciones, inteligencia e interacción en redes sociales. Cada elemento suma entre dos y diez puntos; el total determina si un migrante se clasifica como miembro de la pandilla venezolana y, por lo tanto, es objeto de expulsión. Basta con acumular ocho puntos para que un agente de ICE valide a alguien como pandillero.
Por ejemplo, el sistema otorga cuatro puntos por tener tatuajes “asociados” al TDA —como coronas, trenes, relojes o el logotipo de Michael Jordan— y otros cuatro puntos por llevar “ropa urbana de alta gama”, como camisetas de los Bulls o de Jordan.
“Para que te envíen a pudrirte en El Salvador, sólo hace falta: 1) un tatuaje que un funcionario de ICE considere relacionado con una pandilla y 2) mostrar ‘logos’, ‘símbolos’ o prendas que un oficial interprete como signos de pandilla”, escribió en X Aaron Reichlin‑Melnick, asesor sénior de políticas del American Immigration Council, al compartir los documentos judiciales.
Tras conocerse que la administración Trump trasladó a 137 migrantes venezolanos a El Salvador acusándolos de pertenecer al TDA, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) presentó una demanda en nombre de los afectados para detener las deportaciones. La denuncia incluyó unas 150 páginas de documentos de apoyo, entre ellos artículos periodísticos, registros públicos previamente divulgados y una copia de la polémica guía.
Según la ACLU, muchos de los migrantes fueron deportados sin juicio ni oportunidad de impugnar las acusaciones. Todos fueron enviados al CECOT, una prisión de máxima seguridad conocida por sus condiciones extremas.
Para clasificar a un migrante venezolano como “enemigo extranjero”, ICE debe confirmar primero que la persona es nacional de Venezuela mayor de 14 años y luego aplicar el sistema de puntos. Enviar un mensaje de texto a un presunto miembro del TDA suma seis puntos. Utilizar aplicaciones como Venmo o CashApp para transferir dinero a esa persona añade tres más. Ya son nueve puntos, suficientes para validar una afiliación.
“Esta lista de verificación es impactante”, comentó Reichlin‑Melnick. Con ella, “ICE puede declarar a cualquier venezolano como ‘enemigo extranjero’ sin pruebas concretas, basándose únicamente en la interpretación de un agente sobre tatuajes, señas o la mala suerte de compartir vivienda con alguien que ICE considere parte del TDA. ¡Por eso el debido proceso es tan importante!”.
El formulario incluso otorga 10 puntos automáticos si alguien admite ser un “asociado” de la pandilla —no necesariamente un miembro—, algo que, según Reichlin‑Melnick, contradice la lógica de la Ley de Enemigos Extranjeros, concebida para aplicarse sólo a integrantes de organizaciones hostiles.
El caso de Andry José Hernández Romero, un maquillador venezolano de 31 años, ilustra la fragilidad del sistema.
Según reportaron medios locales, fue deportado por ICE tras ser acusado de pertenecer a una pandilla únicamente por lucir tatuajes de coronas en su cuerpo. Las autoridades interpretaron esos símbolos como señales de afiliación, aunque su significado era profundamente personal: una corona junto a la palabra “Mamá” y otra junto a “Papá”. Hernández Romero, quien se identifica como gay y había trabajado en certámenes de belleza en Venezuela, solicitó asilo en Estados Unidos alegando persecución por su orientación sexual y su activismo político. En lugar de protección, fue enviado a El Salvador.
La periodista de investigación venezolana Ronna Rísquez, experta en el Tren de Aragua, también cuestionó el criterio de ICE: “Los tatuajes no son un identificador del Tren de Aragua. Tal vez hay un miembro de la banda que tenga ese tatuaje, pero eso no basta para identificarlos. Son diseños populares entre los jóvenes en toda América Latina”, explicó en una entrevista con NPR.
El fundamento legal de las deportaciones
La base legal de estas deportaciones es la Ley de Enemigos Extranjeros, promulgada en 1798, que confiere al presidente de Estados Unidos poderes excepcionales para detener y deportar a nacionales de países enemigos durante tiempos de guerra. Tradicionalmente, la ley sólo se ha invocado en épocas de conflicto armado declarado, como la Segunda Guerra Mundial.
Sin embargo, el marco legal es tan amplio que ni siquiera exige pruebas de que la persona represente una amenaza real. “La Ley de Enemigos Extranjeros no obliga al presidente a establecer ni siquiera a creer que los no ciudadanos detenidos o deportados suponen un peligro para la seguridad nacional”, escribió Katherine Yon Ebright, abogada del Brennan Center for Justice. “Basta con que el no ciudadano haya nacido en, tenga el pasaporte de o resida en el país equivocado.”
Además, las personas afectadas no tienen oportunidad de defenderse. “La ley no ofrece a los no ciudadanos la posibilidad de presentar pruebas de su lealtad a Estados Unidos”, añadió Ebright. “No hay un procedimiento para que los no ciudadanos apelen la decisión presidencial de detenerlos o deportarlos.” Incluso cuando se presentan recursos de habeas corpus, los tribunales suelen limitarse a comprobar si la persona nació o vivió en un país considerado hostil, sin examinar el fondo del caso.
Para Ebright, aplicar esta ley en el contexto actual no solo es un anacronismo jurídico, sino una grave amenaza a las libertades civiles y al principio del debido proceso. En sus palabras, representa una herramienta “propicia para abusos”, que puede emplearse para eludir deliberadamente las garantías del sistema migratorio ordinario.
Defensores de los derechos humanos, expertos legales y periodistas comparten una preocupación común: esto no es solo una estrategia migratoria, sino un peligroso precedente que normaliza la vigilancia, el perfilamiento y la deportación sin pruebas sólidas.