Tras la Segunda Guerra Mundial, Washington impulsó reformas desde la continuidad institucional, transformando un régimen sin imponer una ruptura total del orden existente.
La captura del presidente venezolano Nicolás Maduro en una operación militar ejecutada por Estados Unidos marcó un punto de inflexión en la crisis venezolana y planteó un interrogante de mayor alcance que trasciende el hecho inmediato: ¿qué papel está dispuesto a asumir Washington en la conducción política, institucional y económica de Venezuela?
El país llega a este momento con una década de colapso acumulado. Con 28,5 millones de habitantes, la nación suramericana con las mayores reservas de petróleo del mundo arrastra una economía devastada, servicios públicos en deterioro permanente y una profunda fractura social. Sobre ese escenario pesa, además, una de las mayores crisis migratorias del hemisferio occidental: casi ocho millones de venezolanos han abandonado el país, una salida masiva que ha reconfigurado de forma duradera su estructura social y económica.
En ese contexto, la afirmación del presidente Donald Trump de que Estados Unidos podría “dirigir” Venezuela durante una transición no opera como simple hipérbole. El verbo elegido traslada el debate desde la presión diplomática y el acompañamiento internacional hacia un terreno mucho más raro —y más pesado— en la historia estadounidense: la tutela, la administración directa de un Estado desde el exterior.
Esa elección lingüística fuerza la comparación con los pocos precedentes históricos en los que Washington asumió responsabilidades de gobierno sobre otro país. El caso de Japón tras la Segunda Guerra Mundial reaparece como referencia por su escala y ambición institucional, mientras que Irak se impone en la memoria contemporánea como advertencia sobre los límites y los costos de un proyecto de ocupación fallido.
Entre 1945 y 1952, durante siete años, Estados Unidos no se limitó a influir o presionar al Japón derrotado: asumió la conducción política, institucional y económica del Estado, supervisó la redacción de una nueva Constitución y rediseñó de raíz el funcionamiento del poder. Ese ejercicio de tutela total convirtió al caso japonés en el antecedente histórico que inevitablemente reaparece cada vez que Washington plantea la posibilidad de gobernar, administrar o “dirigir” otro país, en contraste con experiencias posteriores —como la de Irak— que quedaron inscritas en la memoria colectiva como advertencias sobre los límites, los costos y los fracasos de la ocupación externa.
Desmontaje a medias
A diferencia de Japón en 1945, el aparato estatal venezolano no fue desmontado por completo tras la salida de Maduro. El poder ejecutivo quedó en manos de Delcy Rodríguez, quien hasta entonces se desempeñaba como vicepresidenta de Maduro y formaba parte del núcleo más estrecho del poder chavista. El relevo se produjo mediante mecanismos constitucionales internos, dentro de un entramado institucional que permaneció operativo.
Esa continuidad administrativa se asienta, sin embargo, sobre una base política frágil. Maduro había sido acusado de fraude en las elecciones presidenciales de 2024, ampliamente cuestionadas por la oposición y no reconocidas por Estados Unidos, lo que dejó su legitimidad severamente erosionada antes incluso de su captura. Ese antecedente proyecta una sombra inevitable sobre la transición cuando el mando recae en figuras centrales del mismo bloque político cuestionado. El resultado es una combinación difícil de sostener: ruptura por la vía militar, continuidad por la vía administrativa; un cambio abrupto de liderazgo que no equivale, necesariamente, a una refundación del Estado.
La comparación con Japón vuelve aquí a ser reveladora por contraste. En la ocupación japonesa, Estados Unidos preservó una continuidad simbólica del Estado mientras transformaba profundamente el régimen. La historiadora Noriko Kawamura, profesora de historia japonesa en Washington State University, ha subrayado que el objetivo de la ocupación no fue percibido como un reemplazo total del régimen.
“El objetivo de la ocupación estadounidense no fue cambiar el régimen existente, al menos a los ojos del pueblo japonés. El emperador Hirohito permaneció en el trono hasta su muerte en 1989”, explicó Kawamura en una entrevista.
En sí, la autoridad de ocupación no eliminó el trono; lo redefinió. Transformó al emperador de monarca absoluto y divino en símbolo del Estado y de la unidad del pueblo mediante una nueva Constitución que, con el tiempo, fue adoptada por la sociedad japonesa.
Kawamura añade un matiz decisivo que suele subestimarse fuera del ámbito académico: la ocupación funcionó porque existió una disposición social a trabajar con las fuerzas ocupantes. El éxito fue, en sus palabras, como “el aplauso de dos manos”: políticas de democratización impulsadas desde arriba y una sociedad capaz de apropiarse de esas reformas desde abajo.
Aunque muchas transformaciones se impusieron bajo presión militar, los japoneses supieron hacer uso de ellas gracias a una infraestructura institucional preexistente, una cultura política formada y un sistema educativo que ya había preparado a la sociedad para valorar la libertad, la democracia y la paz, un proceso que se había gestado desde mediados del siglo XIX, destacó la historiadora.
Ese énfasis en las capacidades internas permite una comparación incómoda pero necesaria. Durante buena parte de la segunda mitad del siglo XX, antes de la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999, Venezuela funcionó dentro de un esquema democrático que, con límites y crisis recurrentes, acostumbró a la sociedad a la alternancia política, al ejercicio de libertades y a una cierta idea de institucionalidad. Esa experiencia no desapareció por completo con el colapso posterior. Persistió, erosionada y fragmentada, en la memoria política del país, y explica por qué cualquier intento de reconstrucción institucional difícilmente pueda imponerse solo desde el exterior.
Incluso con esas condiciones, Japón fue una excepción histórica más que un manual replicable. Como señaló el historiador y coronel retirado del Ejército estadounidense David Hunter-Chester, “si bien la ocupación estadounidense de Japón fue generosa y constructiva para el pueblo japonés, los éxitos derivados de ella resultaron fundamentalmente de las características socioculturales formativas del propio Japón”.
Antes de la guerra, Japón ya era un país desarrollado y en proceso de modernización. La ocupación no creó desde cero una sociedad funcional; se apoyó en capacidades internas preexistentes, una burocracia sólida y un capital humano capaz de absorber transformaciones profundas. Exportar ese resultado sin reproducir esas condiciones equivale a confundir excepción con regla.
La reconstrucción, además, tiene costos, diseño y horizonte político. Los 2,200 millones de dólares que Estados Unidos destinó a la asistencia y reconstrucción de Japón durante la posguerra equivaldrían hoy a unos 15,200 millones de dólares, según el Servicio de Investigación del Congreso. Aquella inversión formó parte de una política de Estado con objetivos definidos: estabilización económica, rediseño institucional e integración estratégica.
En Venezuela, la administración Trump ha sido ambigua al explicar qué desea construir más allá del fin del liderazgo de Maduro. Ha mencionado inversiones privadas por “al menos 100 mil millones de dólares”, particularmente en el sector petrolero, pero sin presentar un plan institucional, un marco de gobernanza ni reglas claras sobre cómo se administraría ese esfuerzo. La diferencia con el precedente japonés no es solo de escala: es de diseño político.
Ese vacío es central. Juan S. González, quien fue el principal asesor del presidente Joe Biden para asuntos del hemisferio occidental en la Casa Blanca, lo resumió con precisión: “El desafío inmediato para Washington será equilibrar control y legitimidad”.
“El uso de la fuerza puede eliminar a un líder, pero no puede, por sí solo, construir instituciones ni generar consenso social. Si la transición posterior es percibida como impuesta desde el exterior o diseñada principalmente para servir intereses extranjeros, la resistencia interna aumentará y la legitimidad del nuevo orden será frágil”, escribió González en un ensayo.
En Venezuela, esa tensión se ve agravada por una disputa de origen. Las elecciones presidenciales de 2024 fueron ampliamente cuestionadas y sectores de la oposición reconocieron como vencedor a Edmundo González, el candidato que encarnó la alternativa al chavismo en ese proceso. La ausencia de un consenso mínimo sobre el resultado electoral dejó al sistema político sin un punto claro de legitimidad desde el cual ordenar la transición, incluso antes de la captura de Maduro.
A diferencia del Japón de posguerra, donde una sociedad con capacidades institucionales previas terminó apropiándose de reformas impuestas desde arriba, Venezuela enfrenta una combinación más inestable: continuidad administrativa disputada, actores criminales —locales y extranjeros— respaldados por el Estado, legitimidad electoral fragmentada y una posible tutela externa aún sin diseño definido. La historia japonesa sugiere que la reconstrucción solo se vuelve duradera cuando el cambio impuesto desde el poder logra ser asumido por la sociedad como propio.
El interrogante final, entonces, no es si Estados Unidos puede “dirigir” Venezuela durante una transición, sino si ese ejercicio de poder puede producir legitimidad, y si la sociedad venezolana tendrá la capacidad y el espacio político para convertir una salida forzada en un proyecto colectivo sostenible.
Este debate también se inscribe en una forma más amplia en la que el presidente Trump concibe las relaciones internacionales. A diferencia de la lógica de la Guerra Fría cuando Washington intervenía para evitar que países estratégicos cayeran en la órbita soviética, la Casa Blanca de Trump observa el mundo desde un prisma marcadamente transaccional. Si la dirigencia estadounidense de posguerra hubiera evaluado a un Japón en ruinas únicamente por lo que podía ofrecer en términos materiales, y no por su valor estratégico y por lo que podía construirse a largo plazo, el resultado de la reconstrucción habría sido radicalmente distinto.
En ese marco, América Latina vuelve a ser entendida como un espacio de influencia directa, y países como Venezuela son evaluados no solo por su alineación política, sino por lo que pueden ofrecer: recursos, posición geográfica, valor estratégico. Algunos analistas han llamado a esta visión una “Doctrina Donroe”, una relectura contemporánea de la Doctrina Monroe que sustituye la contención ideológica por el cálculo de intereses. Si esa lógica se consolida, no solo redefinirá la relación de Estados Unidos con Venezuela, sino que podría reconfigurar el orden hemisférico y quizás global durante los próximos años de la presidencia de Trump.