Una investigación de Itempnews encontró que el resultado fiscal más favorable del primer año del presidente se benefició de ingresos arancelarios extraordinarios y de un ajuste contable. Sin ambos efectos, esa cifra habría sido notablemente mayor a la reportada.
Carlos Tagliafico contribuyó desde Atlanta con la investigación.
En la Oficina Oval, junto al escritorio Resolute, Donald Trump colgó un retrato de Ronald Reagan, el presidente que convirtió los recortes de impuestos, la desregulación y la confianza en el crecimiento en pilares de la política económica republicana. Pero las cuentas con las que arrancó el segundo gobierno del actual presidente revelan una historia menos triunfal: el crecimiento no ha bastado para pagar la factura.
El gesto, sin embargo, contrasta con una diferencia decisiva: cuando el déficit aumentó, Reagan corrigió parcialmente el rumbo con incrementos de impuestos en 1982, 1983 y 1984. El actual presidente, en cambio, convirtió en permanentes los recortes de 2017 y añadió otros nuevos, sin una rectificación comparable.
Una investigación de Itempnews con base en cifras oficiales del Departamento del Tesoro y la Oficina de Presupuesto del Congreso encontró que el año fiscal 2025 cerró con un déficit de $1.78 billones, equivalente al 5.85% del PIB. Entre los primeros años fiscales asociados a las administraciones de las últimas cuatro décadas, solo el de Barack Obama fue mayor, en plena Gran Recesión. La comparación, sin embargo, tiene un límite: gran parte de ese año fiscal no estuvo bajo su control.
El año fiscal 2026, el primero transcurrido íntegramente bajo la segunda administración Trump, tampoco muestra una reducción del déficit. Entre octubre de 2025 y junio de 2026, el gobierno federal acumuló $1.37 billones de déficit, $35.000 millones más que durante el mismo período del año anterior.
Parte del aumento de los ingresos, sin embargo, depende de una política arancelaria jurídicamente inestable, sostenida en los últimos meses por una sucesión de fallos judiciales y cambios de autoridad legal.
Para este reportaje, Itempnews consultó por separado a economistas de distintas corrientes económicas e ideológicas. Aunque discreparon sobre las causas y las posibles soluciones, sus respuestas convergieron en una alarma fiscal compartida: el déficit seguirá creciendo y las políticas de la administración no ofrecen, por ahora, una vía suficiente para contenerlo.
El año fiscal 2026 coincide además con una prueba central para la promesa que llevó a Trump de vuelta a la Casa Blanca: reducir el costo de vida. En junio, la inflación se moderó al 3.5% interanual, desde el 4.2% de mayo. Pero el alivio fue parcial: la energía seguía 15.7% más cara que un año antes, y la gasolina rozaba los $4.05 por galón en promedio nacional, según la EIA.
La guerra contra Irán añadió otra presión fiscal: el Pentágono evaluó internamente una solicitud superior a $200.000 millones y la Casa Blanca terminó pidiendo al Congreso $87.600 millones adicionales, de los cuales unos $67.000 millones eran específicamente para la guerra.
El costo de vida no es la única promesa sometida a prueba. Las cuentas públicas tampoco muestran una mejora clara.
Los números que ya cerraron
Comparar el déficit de Trump con el de sus antecesores parece un simple ejercicio de resta. No lo es. Para que la comparación sea válida, cada gobierno debe medirse en el mismo punto del calendario fiscal, y allí aparece una dificultad decisiva.
El año fiscal federal comienza el 1 de octubre, más de tres meses antes de que un nuevo presidente asuma el cargo. Por eso, el ejercicio de 2025 ya llevaba 111 días en marcha cuando Trump regresó a la Casa Blanca y no puede atribuirse enteramente a su administración.
Aun con esa salvedad, el déficit de 2025 se encuentra muy por encima de los registrados al comienzo de la mayoría de las administraciones recientes. Reagan abrió con un déficit equivalente al 3.86% del PIB en 1982; George H. W. Bush, con 3.75% en 1990; Bill Clinton, con 2.83% en 1994; George W. Bush, con 1.46% en 2002; y Trump, durante su primer mandato, con 3.81% en 2018.
Solo Obama y Biden registraron cifras comparables o superiores: 8.70% del PIB en 2010, cuando Estados Unidos apenas comenzaba a salir de la crisis económica más grave desde los años treinta, y 5.38% en 2022, bajo el peso fiscal de la pandemia.
El patrón es difícil de ignorar: salvo Obama, ningún presidente de las últimas cuatro décadas quedó asociado al comienzo de su gestión con un déficit tan alto sin que el país atravesara una crisis económica de magnitud. Ni siquiera Reagan, cuyo primer año fiscal coincidió con una recesión y un desempleo superior al 10%.
La comparación permite dimensionar el déficit, pero no basta para evaluar la responsabilidad fiscal de un presidente. Jessica Riedl, especialista en presupuesto de la Brookings Institution y exasesora de legisladores y campañas republicanas, dijo que “el primer año de una nueva presidencia no es muy útil para evaluar su historial fiscal”.
“La mejor manera de medirlo es por las políticas de gasto e impuestos promulgadas o adoptadas mediante órdenes ejecutivas”, agregó en un correo electrónico a Itempnews.
Lo que va del año nuevo
Los datos parciales de 2026 tampoco muestran una mejora sostenida.
La que todavía aparecía en mayo, según el estado mensual del Tesoro, desapareció por completo en junio.
Los ingresos federales ascendieron a $4.15 billones, un aumento de $142.000 millones respecto al año anterior. La recaudación arancelaria explicó $55.000 millones de ese incremento. Pero el gasto creció todavía más: alcanzó $5.52 billones, $178.000 millones adicionales, impulsado principalmente por Seguridad Social, Medicare y Medicaid.
La comparación interanual también está distorsionada por el calendario. La oficina presupuestaria del Congreso estima que, sin el desplazamiento de un pago que en 2025 coincidió con un fin de semana, el déficit habría aumentado $56.000 millones más.
Hay otra cifra que, sin contexto, puede ofrecer una lectura demasiado favorable. El déficit primario (la diferencia entre ingresos y gastos, excluidos los intereses de la deuda) cerró el año fiscal 2025 en unos $800.000 millones, equivalentes al 2.66% del PIB. Fue menor que el registrado al comienzo de las administraciones de Obama y Biden.
Pero un análisis de Itempnews encontró que esa aparente mejora se benefició de dos factores extraordinarios.
El primero fue el aumento extraordinario de la recaudación aduanera, impulsado por los nuevos aranceles que Trump convirtió en una de las políticas económicas centrales de su segundo mandato. En 2025, el gobierno recibió $195.000 millones por derechos aduaneros, frente a los $76.000 millones que el CBO había proyectado en enero, antes de los nuevos gravámenes: $119.000 millones más de lo esperado.
El segundo fue una reducción de $131.000 millones en el gasto registrado, derivada de los cambios que la amplia ley de impuestos y gasto de Trump introdujo en los programas de préstamos estudiantiles. Las reglas presupuestarias registraron en 2025 el valor estimado de efectos que se extenderán durante años, por lo que esa reducción no se repetirá anualmente.
Al ajustar ambos efectos para aproximar el balance fiscal recurrente, el déficit primario habría rondado el 3.5% del PIB, según un cálculo realizado para este reportaje.
El ajuste coincide con un análisis del Committee for a Responsible Federal Budget: los cambios en los préstamos estudiantiles redujeron de forma puntual el déficit registrado en 2025, antes de que el grueso del costo presupuestario de la ley comience a reflejarse en las cuentas. El comité estima que la ley aumentará el déficit en unos $500.000 millones en 2026 y $635.000 millones en 2027.
Itempnews solicitó comentarios al Departamento del Tesoro sobre este hallazgo. No respondió.
El sostén que se tambalea
El déficit habría sido mayor sin el salto de la recaudación arancelaria. Pero ese alivio depende de una política cuya base legal ha sido impugnada y reconstruida sobre la marcha.
Un análisis de Itempnews de datos del Tesoro encontró que los ingresos aduaneros aumentaron más de 130% en el año fiscal 2026 respecto al mismo período del año anterior. Esa recaudación contuvo parcialmente el crecimiento del déficit.
La fragilidad de ese ingreso quedó expuesta el 20 de febrero, cuando la Corte Suprema invalidó los aranceles impuestos bajo la ley de poderes económicos de emergencia de 1977. La administración tuvo que recurrir a otra autoridad legal para mantenerlos.
El fallo abrió además la devolución, con intereses, de los aranceles cobrados bajo esa autoridad. Para el 5 de agosto, el gobierno ya había devuelto unos $100.000 millones, de un total recaudado de $166.000 millones bajo esa ley, según una declaración presentada ante el Tribunal de Comercio Internacional. Para agosto, el propio Tesoro ya ajustaba sus cifras de recaudación aduanera para descontar esos reembolsos.
Trump respondió recurriendo a la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 e impuso temporalmente un arancel del 10% sobre casi todas las importaciones. Pero esa nueva vía también fue invalidada el 7 de mayo por el Tribunal de Comercio Internacional. La administración apeló y los gravámenes continuaron vigentes hasta su vencimiento el 24 de julio.
Al expirar la medida, la administración la reemplazó con nuevos aranceles bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974. Los gravámenes, de entre 10% y 12.5%, alcanzaron a 60 socios comerciales que concentran el 99.4% de las importaciones estadounidenses.
En conjunto, la secuencia, tres marcos legales distintos en menos de seis meses, sugiere una política arancelaria construida más sobre la marcha que como una estrategia sostenida.
La inestabilidad jurídica de los aranceles no fue el único revés para la agenda fiscal. El señor Musk, la persona más rica del mundo, prometió que el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) ahorraría hasta $2 billones. La iniciativa cerró operaciones el 4 de julio.
Al cierre, DOGE se atribuía $215.000 millones en ahorros, una cifra que no se había actualizado desde enero.
Una investigación de la GAO, publicada el 6 de agosto, halló que más de la mitad de los $61.000 millones en ahorros por contratos que DOGE reclamó no se pudo verificar, y que el 96% de los atribuidos a subvenciones no siguió la metodología declarada.
Lo que sí lleva su firma
Más allá del vaivén arancelario, hay una decisión fiscal que lleva directamente la firma de Trump: la amplia ley de impuestos y gasto que promulgó el 4 de julio de 2025, conocida como One Big Beautiful Bill.
Medida con esa vara, la ley tampoco mejora el balance fiscal. Riedl, la economista de Brookings, la calificó de “muy costosa y fiscalmente irresponsable” y señaló que los aranceles apenas compensan una pequeña parte de su costo.
La oficina presupuestaria del Congreso estima que la ley añadirá $3.4 billones al déficit durante la próxima década.
En sus respuestas a Itempnews, los economistas de Moody’s Analytics Brendan La Cerda y Mark Zandi dimensionaron el desequilibrio. La Cerda calculó que los aranceles aportarían unos $200.000 millones adicionales al año frente a déficits cercanos a $2 billones. Zandi advirtió que ni siquiera esos ingresos serían permanentes.
Moody’s proyecta que los aranceles volverán a niveles anteriores una vez concluya el mandato de Trump y que el déficit aumentará del 6% del PIB en 2026 al 7.9% en 2028 y al 9.1% en 2034, a medida que los recortes tributarios reduzcan el crecimiento de los ingresos.
La misma ley que ampliará el déficit también reduce el gasto en Medicaid y otros programas de asistencia. La oficina presupuestaria del Congreso estima que sus disposiciones sobre Medicaid dejarán a 7.5 millones de personas adicionales sin seguro en 2034 y que, en conjunto, la ley reducirá los recursos de las familias situadas en la parte baja de la escala de ingresos.
La presión para reducir el gasto sanitario también alcanzará a Medicare. La administración dejará expirar al cierre de 2026 un programa temporal que ayudaba a contener las primas de los planes independientes de medicamentos de la Parte D. El gobierno sostiene que el subsidio beneficiaba excesivamente a las aseguradoras; su eliminación podría elevar los costos de algunos de los aproximadamente 25 millones de beneficiarios inscritos en esos planes a partir de 2027.
Sería injusto atribuir todo el déficit a esta administración. Una parte proviene de obligaciones acumuladas durante décadas y seguirá presionando las cuentas, gobierne quien gobierne.
El peso de esa herencia se aprecia con claridad en los intereses de la deuda. En el año fiscal 2025 superaron por primera vez el billón de dólares y ya excedían el gasto en defensa, un cruce que había ocurrido por primera vez en 2024. En lo que va de 2026, los intereses siguen siendo, junto con el Seguro Social y Medicare, uno de los principales motores del aumento del gasto.
El aumento de los intereses refleja también el ciclo de alzas de tasas que la Reserva Federal aplicó entre 2022 y 2023. Al refinanciarse a costos más elevados, la deuda acumulada durante décadas se volvió más cara para cualquier gobierno.
Los recortes o restricciones sobre programas específicos pueden reducir determinados gastos federales, pero no eliminan la presión estructural de la salud sobre las cuentas públicas. Kent Smetters, director del Penn Wharton Budget Model, un proyecto de análisis fiscal no partidista de la Universidad de Pensilvania, dijo a Itempnews que el mayor riesgo para las cuentas públicas a largo plazo es el crecimiento de los costos de salud.
Si esa tendencia continúa, calculó, el país podría enfrentar problemas fiscales graves en menos de 20 años. Pero advirtió que ese plazo es solo un límite máximo: “Las cosas pueden desmoronarse mucho más rápido que eso”.
Un cierre sin veredicto fácil
George W. Bush heredó un superávit que desapareció tras la recesión de 2001, los atentados del 11 de septiembre y las guerras posteriores. Barack Obama asumió en plena Gran Recesión; Joe Biden, bajo el costo fiscal de la pandemia. El presidente Trump regresó a la Casa Blanca sin una emergencia económica comparable. Aun así, el primer año fiscal asociado a su nueva administración quedó por encima del de todos sus antecesores salvo Obama.
Douglas Holtz-Eakin, presidente del American Action Forum, un centro de estudios conservador, y exdirector de la Oficina de Presupuesto del Congreso, explicó que ninguna métrica basta por sí sola para evaluar la salud fiscal del país. Todas, sin embargo, ofrecen el mismo diagnóstico: “El problema para Estados Unidos es que todas indican problemas”, dijo en un correo electrónico.
Holtz-Eakin sostuvo además que Washington ha perdido la capacidad política de reaccionar ante el deterioro fiscal. En el siglo XX, explicó, el aumento del déficit solía generar presiones para corregirlo; hoy, “esa reacción no existe en ninguno de los dos partidos”. Advirtió que solo una crisis de gran magnitud, como el agotamiento del fondo fiduciario del Seguro Social, podría hacer inevitable una respuesta.
Trump heredó una deuda costosa y obligaciones que ningún presidente puede modificar de inmediato. Pero el primer año fiscal transcurrido íntegramente bajo su administración tampoco muestra un cambio de trayectoria: hasta junio, el déficit superaba el del mismo período del año anterior; los aranceles generaron ingresos extraordinarios, pero de duración incierta; y la ley fiscal que lleva su firma ampliará el desequilibrio durante la próxima década.
Itempnews también solicitó comentarios a la Casa Blanca sobre esta trayectoria. Tampoco proporcionó una respuesta.
La comparación con sus antecesores no permite atribuirle cada dólar del déficit. Pero sí deja una diferencia difícil de ignorar: los mayores desequilibrios de otros comienzos presidenciales estuvieron acompañados por grandes crisis económicas o nacionales. El de Trump no, y las políticas que ya llevan su firma todavía no han cambiado el rumbo.
| Metodología Las principales cifras fiscales de este reportaje provienen de fuentes primarias del gobierno federal: los estados mensuales y el informe financiero del Departamento del Tesoro, la base Debt to the Penny, los informes de la Oficina de Presupuesto del Congreso y las series de la Reserva Federal de San Luis. Los datos de inflación y desempleo proceden de la Oficina de Estadísticas Laborales. El déficit primario ajustado que se menciona en este reportaje es un cálculo propio de Itempnews, no una cifra oficial del CBO. El cálculo añade al déficit primario reportado los $119.000 millones de recaudación aduanera por encima de la proyección de enero del CBO y los $131.000 millones del ajuste presupuestario asociado a los préstamos estudiantiles. Itempnews utilizó herramientas de IA para comprobar operaciones matemáticas complejas, comparar series fiscales y desarrollar visualizaciones a partir de datos oficiales. Los resultados fueron verificados con las fuentes originales. La inteligencia artificial no fue utilizada como fuente de información ni sustituyó la verificación periodística o la escritura textual del reportaje. |