Asilados, refugiados y otras categorías protegidas por el Congreso quedan fuera de esta causal migratoria, que amplía la discrecionalidad de los funcionarios de USCIS para negar la green card por motivos económicos.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) actualizó su manual de políticas para precisar cómo determinará, a partir del 18 de septiembre de 2026, si un solicitante de residencia permanente, conocida como green card, es probable que se convierta en una “carga pública”. La medida afectará más a quienes buscan el ajuste de estatus por vía familiar o laboral, y no a quienes llegan por protección humanitaria, como asilados y refugiados.
El propio DHS estima que la medida podría llevar a cerca de 950,000 personas a darse de baja de programas como Medicaid, SNAP o asistencia para la vivienda, aunque no estén obligadas a hacerlo, según su propio análisis de impacto regulatorio.
Sin embargo, analistas independientes, con datos de Kaiser Family Foundation y George Washington University, sostienen que esa cifra subestima el verdadero alcance: calculan que hasta 3.7 millones de personas podrían verse afectadas, casi cuatro veces la proyección del gobierno.
Esta nueva regla no aplica a todos los solicitantes de residencia. Quedan exentos asilados y refugiados, víctimas de trata de personas o de ciertos delitos, quienes se acogen a la Ley de Violencia contra la Mujer, cubanos bajo la Ley de Ajuste Cubano, haitianos amparados por una ley especial de 1998, y otras decenas de categorías con protección especial del Congreso. (Al final de esta nota podrá encontrar una tabla con el listado completo de categorías sujetas y exentas.)
Sí están sujetos, en cambio, la mayoría de quienes piden la residencia por vía familiar (cónyuges, hijos y padres de ciudadanos o de residentes permanentes), la mayoría de las categorías de empleo, los inversionistas, los trabajadores religiosos y los hermanos o prometidos de ciudadanos estadounidenses, entre otros.
La medida llega después de que DHS publicara, el 20 de julio, una regla final que deroga las regulaciones que la administración Biden había establecido en 2022, las cuales limitaban qué beneficios públicos podían pesar en contra de un solicitante. La nueva guía, que amplía de nuevo esa lista, aplica a todas las solicitudes del Formulario I-485 (la solicitud de ajuste de estatus) presentadas a partir del 18 de septiembre.
Qué cambia exactamente
USCIS niega alrededor del 10% de las solicitudes I-485 cada año, unas 61,000 en 2024, casi siempre por antecedentes penales, fraude o evidencia incompleta. La causal de carga pública representa una fracción mínima de ese total.
Nada en la ley explica con precisión qué es una “carga pública”: basta con que un oficial juzgue que la persona podría depender del gobierno en el futuro.
El Congreso fijó cinco factores mínimos: edad, salud, situación familiar, recursos económicos, y educación o habilidades laborales. También cuenta el Formulario I-864, en el que un patrocinador, normalmente un familiar, se compromete a mantener económicamente al solicitante si llegara a necesitarlo.
La administración Trump sumó un sexto factor, el de mayor peso: el uso de programas sociales condicionados a los ingresos, como efectivo, vivienda, SNAP o ayuda universitaria.
La fecha en que se recibió ese beneficio determina qué puede considerar el oficial, no si el caso se aprueba o se rechaza automáticamente: si fue antes del 18 de septiembre de 2026, solo cuenta la asistencia en efectivo o una internación de largo plazo pagada por el gobierno; si fue después, casi cualquier programa similar puede sumarse a la evaluación.
No todo beneficio público cuenta para este análisis. Programas como Medicaid de emergencia, comidas escolares, vacunas, bancos de alimentos, refugios para personas sin hogar o ayuda por desastres naturales no se toman en cuenta.
USCIS evalúa todos estos elementos en conjunto, y ningún factor decide un caso por sí solo: recibir un beneficio no basta para que se deniegue una solicitud, y tener empleo tampoco garantiza que se apruebe. En el comunicado oficial que acompañó la regla final, el vocero de USCIS, Zach Kahler, defendió la medida diciendo que la administración Trump está “protegiendo a los contribuyentes estadounidenses de subsidiar a extranjeros que puedan volverse dependientes de beneficios públicos”.
El debate
Para las organizaciones de defensa de los derechos de los inmigrantes, el mayor riesgo no es que aumenten las denegaciones de residencia, sino que familias con derecho a estos beneficios dejen de solicitarlos por miedo. Justice in Aging, que defiende a personas mayores, condenó la regla como parte de una agenda antiinmigrante que profundiza las barreras de acceso a salud y otros beneficios esenciales, con un impacto particular en inmigrantes de edad avanzada.
Otras organizaciones apuntan, en cambio, a la falta de reglas claras para los propios funcionarios. Jeff Joseph, presidente de la American Immigration Lawyers Association (AILA), dijo al New York Times que la administración reemplazó un sistema de criterios definidos por incertidumbre y una discrecionalidad amplia que, advirtió, arriesga decisiones arbitrarias sin rendición de cuentas.
No todas las reacciones han sido de rechazo. La Federation for American Immigration Reform (FAIR), un grupo que aboga por reducir la inmigración hacia Estados Unidos, ha defendido durante años el principio detrás de esta política: que quien llega al país debe ser autosuficiente y no depender del erario público. FAIR había criticado abiertamente la regla de 2022 que ahora se deroga, por considerar que facilitaba el acceso de los inmigrantes a beneficios públicos sin poner en riesgo su trámite migratorio.
El contraste entre solicitudes y denegaciones
Para dimensionar el alcance de la medida, USCIS y DHS citaron en el proceso regulatorio sus propios datos sobre el Form I-485, el trámite para el ajuste de estatus a residente permanente. Ese universo, y no el total de personas que ya tienen green card, es el que corresponde a esta historia.
En 2024, la agencia recibió cerca de 983,000 solicitudes I-485. Esa cifra, sin embargo, no representa “afectados”: numerosas categorías quedan exentas por ley, como ya se explicó.
Las denegaciones específicamente registradas bajo la sección 212(a)(4) de la ley migratoria, en cambio, fueron mínimas: apenas 73 en 2024 y poco más de 300 en cinco años, según el propio DHS. La agencia admite, además, que ni siquiera esas cifras distinguen bien entre un Formulario I-864 insuficiente y una verdadera determinación de carga pública, así que el número real de casos genuinos podría ser menor aún.
En 2019, bajo la versión más restrictiva de esta política durante el primer gobierno de Trump, DHS documentó apenas tres denegaciones que resultaron de una evaluación individual genuina del solicitante. Todas ellas fueron después revertidas, y quienes las enfrentaron terminaron obteniendo la residencia.
Los números anteriores dejan planteada la verdadera pregunta detrás de esta nueva regla: si históricamente las denegaciones discrecionales genuinas por carga pública han sido extraordinariamente raras, ¿cuál será entonces el efecto real de devolver ahora una discrecionalidad tan amplia a los oficiales de inmigración?
DHS ya adelantó, en cierto modo, la respuesta: cerca de 950,000 personas podrían darse de baja de programas como Medicaid o SNAP por temor, aunque no estén obligadas a hacerlo. El efecto más grande de la regla, entonces, podría no aparecer nunca en las estadísticas de denegaciones de green card, que llevan años siendo mínimas, sino en los formularios que miles de familias simplemente dejarán de llenar.
¿Quién está sujeto a la regla de carga pública y quién no?
Según la guía oficial de USCIS, vigente a partir del 18 de septiembre de 2026.
| Categorías sujetas a carga pública | Categorías exentas de carga pública |
|---|---|
| Cónyuges, hijos y padres de ciudadanos estadounidenses | Asilados y refugiados |
| Hijos solteros de ciudadanos estadounidenses y sus propios hijos | Inmigrantes amerasiáticos al momento de su admisión |
| Cónyuges, hijos e hijos solteros de residentes permanentes (LPR) | Intérpretes afganos e iraquíes, o nacionales de esos países empleados por el gobierno de EE.UU. |
| Hijos casados de ciudadanos estadounidenses y sus cónyuges e hijos | Cubanos y haitianos que ajustan estatus bajo la Ley de Reforma y Control de Inmigración de 1986 |
| Hermanos y hermanas de ciudadanos estadounidenses | Solicitantes bajo la Ley de Ajuste Cubano |
| Prometidos(as) de ciudadanos estadounidenses | Nicaragüenses y otros centroamericanos que ajustan estatus (NACARA) |
| Amerasiáticos por categoría de preferencia (nacidos entre el 31 dic. 1950 y el 22 oct. 1982) | Haitianos bajo la Ley de Equidad de Inmigración para Refugiados Haitianos de 1998 |
| Viudos o viudas de ciudadanos estadounidenses | Parolados Lautenberg |
| Trabajadores prioritarios | Menores especiales inmigrantes |
| Profesionales con título avanzado o habilidad excepcional | Solicitantes de registro |
| Trabajadores calificados, profesionales y otros trabajadores | Solicitantes de Estatus de Protección Temporal (TPS) |
| Inversionistas | Diplomáticos y funcionarios extranjeros no inmigrantes, y sus familias |
| Trabajadores religiosos | Víctimas de trata de personas (visa T) |
| Empleados actuales o antiguos del gobierno de EE.UU. en el extranjero | Víctimas de ciertos delitos calificados (visa U) |
| Empleados de la Zona del Canal de Panamá | Autopeticionarios bajo la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA) |
| Graduados de escuelas médicas extranjeras | Ciertos inmigrantes maltratados considerados “extranjeros calificados” (ley de 1996) |
| Empleados jubilados de organismos internacionales | Cónyuges, hijos o padres sobrevivientes de militares que califican para un beneficio |
| Personal de las fuerzas armadas de EE.UU. | Indígenas americanos nacidos en Canadá que no son ciudadanos estadounidenses |
| Locutores internacionales | Ciertos miembros de la Banda Kickapoo de Texas de la Tribu Kickapoo de Oklahoma |
| Diplomáticos o altos funcionarios que no pueden regresar a su país (Sección 13, Ley de 1957) | Nacionales de Vietnam, Camboya y Laos (Ley de Apropiaciones de 2001) |
| Inmigrantes de la lotería de visas de diversidad | Parolados polacos y húngaros |
| Ciertos inmigrantes que entraron antes del 1 de enero de 1982 | Ciertos nacionales sirios |
| Testigos o informantes extranjeros | Solicitantes bajo la Ley de Equidad de Inmigración para Refugiados Liberianos |
Fuente: Manual de Políticas de USCIS, guía sobre carga pública vigente a partir del 18 de septiembre de 2026.