Diplomáticos rusos en Venezuela recolectaron vasta información de organizaciones no gubernamentales que reciben financiamiento extranjero y ofrecieron sus consejos al régimen venezolano en una cruzada por silenciar a grupos opositores, revela una investigación
En una ofensiva más amplia contra la sociedad civil y la disidencia en sus países, Rusia ha logrado que gobiernos como los de Venezuela y Nicaragua en América Latina, a los que respalda frente a las presiones de Estados Unidos, incorporen a sus marcos jurídicos leyes represivas análogas a las del Kremlin que apuntan a sepultar el activismo independiente como una amenaza potencial a su poder.
Más allá de “inspirar” a los regímenes de Daniel Ortega en Nicaragua, Rafael Correa en Ecuador, o Nicolás Maduro en Venezuela, con la redacción de leyes de control social, Rusia se dio a la tarea de señalar en conversaciones privadas con representantes del Gobierno venezolano a quiénes consideraba como un riesgo y debía prestársele atención, revela una investigación del Proyecto ITEMP basado en entrevistas y documentos.
Los diplomáticos rusos en Caracas en los últimos años recolectaron vasta información de organizaciones no gubernamentales (ONG) que reciben asistencia extranjera en el país suramericano, con lo cual crearon bases de datos que les permitió cruzar sus pesquisas con Moscú.
El objetivo era “brindar cooperación” al régimen venezolano en su cruzada por reducir y centralizar la cooperación internacional, de acuerdo con antiguos funcionarios venezolanos al tanto de la situación y que pidieron mantener su identidad bajo anonimato por la seriedad del asunto.
Detrás de ese hostigamiento patrocinado por Moscú, hay una estrategia de contención frente a Washington y la Unión Europea que busca acabar con cualquier iniciativa contraria a las distintas formas de autoritarismo emergente en Venezuela, Nicaragua o Bielorrusia, en el lado europeo.
Más allá de lo que pudiera ser la rutina habitual de los diplomáticos rusos ante un gobierno extranjero, los oficiales acreditados en Caracas “sentían profundo interés, casi obsesivo, por conocer cuáles ONG estaban recibiendo fondos de la Unión Europea y la USAID, concretamente; quiénes eran sus directivos y cómo operaban”, relató un exfuncionario del Gobierno de Venezuela que presenció al menos seis encuentros en 2017 y 2018 y pidió no ser identificado.
La USAID es la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional la cual coordina a nivel global la entrega de asistencia humanitaria en nombre del gobierno estadounidense.
En Venezuela la asistencia se viene entregando a través de las organizaciones de ayuda internacionales y locales, las ONG, así como representantes de la oposición.
Desde la llegada de Vladimir Putin al Kremlin, Rusia ha estigmatizado a sus oponentes catalogándolos como desleales, mercenarias o traidoras a los intereses nacionales.
Esta política impulsada por Putin desde 2002, es parte de una represión generalizada que ha incluido restricciones legales en internet, la libertad de expresión, los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero (LGBT) y otros derechos fundamentales, según las denuncias de organizaciones humanitarias.
En el caso venezolano, “para los rusos era importante conocer quiénes eran los receptores de la ayuda por parte de los estadounidenses y europeos. Ellos manejaban información de unas cincuenta ONG locales que tenían vínculos con el extranjero, y nos advirtieron que había que tener cuidado con estos grupos y sus directivos”.
“Eran precisos en cuáles ONG podían ser vistas como un ‘riesgo’ mayor o menor para nosotros. En algunos casos señalaban que en Rusia estaban los mismos financistas respaldando acciones encubiertas en contra del gobierno”, relató uno de los exfuncionarios que mostró cuatro minutas de aquellas reuniones.
En los documentos aparecen los nombres de los diplomáticos rusos que asistieron a los encuentros como parte de reuniones periódicas, así como su rango. Una de las fuentes pidió no revelar las identidades. Tres funcionarios citados en los informes ya no se encuentran en Venezuela.
El presidente Putin designó en febrero de 2020 al veterano diplomático Serguei Melik-Bagdasarov como nuevo embajador de Rusia en Venezuela.
El funcionario remplazó a Vladimir Zaemski, quien por más de una década fue embajador en Caracas.
El nuevo representante del Kremlin era el subdirector del Departamento de América Latina del Ministerio de Exteriores de Rusia antes de su nombramiento.
Lo que se entendería como una recopilación habitual de información por parte de diplomáticos para un Ministerio de Exteriores, puede entenderse en este contexto a un trabajo de inteligencia -o espionaje- mucho más extenso en contra de instituciones legales privadas de un gobierno extranjero, lo cual es contrario a los convenios internacionales.
Las fuentes desconocen si los rusos vigilaron o recopilaron comunicaciones de las ONG cuestionadas a través de programas de interceptación o seguimiento. Pero “sí tenían todos los detalles técnicos, como nombres de sus directivos, teléfonos y correos electrónicos personales”.
“Ellos nos hicieron el favor sobre algo que quizá nosotros podíamos conseguir fácilmente, pero ahondaron en detalles que no conocíamos”, admitió el exfuncionario sin adelantar a qué pormenores se referían.
Las minutas de las reuniones, así como sus detalles, celebradas en la sede del ministerio de Exteriores, dejan ver anotaciones sobre algunas ONG concretas que estaban recibiendo financiamiento internacional del gobierno estadounidense y entidades privadas de ese país, así como de las que eran más críticas con las políticas de Maduro.
Los diplomáticos rusos alardeaban de que sus pesquisas eran compartidas al más alto nivel e incluía a algunos parlamentarios del oficialismo que, para aquel entonces, no gozaban de mayoría en la Asamblea Nacional, dijo una de las fuentes.
La información sobre estos encuentros, que no se había reportado previamente, demuestra el empeño de Rusia por satanizar cualquier iniciativa independiente a los intereses del gobierno, incluyendo el de sus aliados, lo que arriesga no solo la misión de estos grupos sino la integridad de sus miembros.
Un portavoz de la Cancillería de Venezuela no respondió a una solicitud de comentarios, al mismo tiempo que un vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia se negó a responder un pedido de información hasta el cierre de esta historia.
El Departamento de Estado a través de un vocero “condenó la hostilidad” contra las ONG por parte del Gobierno de Maduro y catalogó la alianza forjada con Rusia y otros actores extranjeros “como una muestra de falta de legitimidad”.
“Nicolás Maduro y sus partidarios se dedican a la represión generalizada del pueblo venezolano, apuntando a cualquiera que esté en desacuerdo con ellos o los critique públicamente, y eso incluye a las ONG, como han documentado las voces independientes de la sociedad civil venezolana y las ONG internacionales. Estos esfuerzos por impedir las operaciones de las ONG y acosar e intimidar a las organizaciones de la sociedad civil preocupan profundamente al gobierno de Estados Unidos”, dijo un portavoz del Departamento de Estado a ITEMP.
“Condenamos esta hostilidad y regularmente hacemos un llamado a la comunidad internacional para que amplíe el apoyo a los actores de la sociedad civil en Venezuela y continúe denunciando los esfuerzos para acosar y perseguir a los actores de la sociedad civil, así como los esfuerzos para cerrar el espacio cívico. La dependencia de Maduro del apoyo de Rusia y otros actores extranjeros solo deja en claro su falta de legitimidad”, agregó el funcionario.
Etiqueta tóxica
En la década de 1990, tras el colapso de la Unión Soviética, Rusia desarrolló una sociedad civil bastante diversa y vibrante, y las ONG desempeñaron un papel importante en la protección de los derechos humanos y los procesos democráticos, en muchos casos con el patrocinio de los europeos y estadounidenses.
Para una nación que por casi 70 años estuvo bajo el régimen de un partido único y con una escasa cultura democrática, el trabajo de estas organizaciones incluyó el monitoreo de elecciones, la ejecución de encuestas, investigaciones anticorrupción, trabajos en materia de educación y asistencia caritativa.
Muchos de ellas también fueron una fuente importante de información experta e independiente y expresaban sus críticas hacia el Kremlin.
“Aparentemente, las autoridades consideraron una parte o todo esto como una amenaza”, admitió Damelya Aitkhozhina, una prominente investigadora sobre Rusia en Human Right Watch (HRW).
“Realmente no sabemos por qué el gobierno ruso está tan interesado en controlar las ONG, pero es claramente parte de una ofensiva más amplia contra la sociedad civil y la disidencia en el país. No limita con los medios para restringir y controlar a las ONG, también afecta la libertad de expresión, la libertad de reunión y otros derechos civiles y políticos”, agregó Aitkhozhina en una entrevista con ITEMP.
Con una crisis humanitaria marcada por la falta de alimentos, hiperinflación y un éxodo de población en Venezuela, para el Gobierno de Maduro la sociedad civil organizada y la Iglesia Católica se convirtieron en elementos incomodos.
Estos grupos han logrado posicionarse como alternativa de apoyo en los sectores populares, ofreciendo programas y ayuda de forma directa, regular y con independencia, sin requerir filiación política.
Fueron estas organizaciones, en medio de un colapso del Estado por falta de recursos y el aumento de la represión, las que encendieron las alarmas a partir de 2017 dando nombre a lo que Venezuela estaba atravesando: “una emergencia humanitaria”, a pesar de que el propio gobierno era incapaz de reconocer esta realidad.
En mayo de 2021 el Ministerio de Relaciones Exteriores venezolano activó un registro para las ONG internacionales que trabajan con Naciones Unidas y operan en el país, con el fin de “fomentar” la transparencia y facilitar la coordinación con el Estado en la entrega de asistencia, según lo anunciado.
En un contexto en el cual Maduro se negaba a permitir el ingreso de ayuda humanitaria de la ONU para responder a la crisis, la medida fue recibida como una señal positiva en el marco de la cooperación internacional que el gobernante terminó aceptando este año, expresaron personas familiarizadas con el proceso.
No obstante, el Gobierno luego aprobó dos normativas, una en marzo de 2021 que luego enmendaría en mayo, que establece un registro de las ONG ante la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento del Terrorismo para obtener la validez, además de exigir información sobre los donantes y beneficiarios.
Detrás de iniciativas como estas se esconde una estrategia mucho más compleja cuyo trasfondo perturba a las organizaciones no gubernamentales venezolanas, cuyo paragón más directo es el caso de Rusia.
Un análisis del Proyecto ITEMP a las leyes rusa sobre cooperación internacional y de la norma llamada a registrar las ONG extranjeras en ese país, evidenció que los legisladores venezolanos y nicaragüenses del oficialismo parecen haber ejecutado una reproducción fiel de lo dispuesto por el Kremlin para acabar con lo que llama “injerencia extranjera”.
“Hay muchos vínculos entre los gobiernos venezolano, ruso y cubano, y estos autoritarismos comparten algunas similitudes. Se copian diferentes prácticas para controlar la población y neutralizar la disidencia”, advirtió en una entrevista Rafael Uzcátegui, coordinador general de Provea, una ONG venezolana dedicada desde 1988 a la defensa de los derechos humanos.
“Así como el Gobierno de Rusia ha generado una serie de mecanismos administrativos y campañas de criminalización para ir erosionando el derecho de libertad de asociación y reunión, lo mismo está ocurriendo en Venezuela”, añadió.
En abril de 2021 la Asamblea Nacional venezolana, controlada por Maduro, desempolvó el Proyecto de Ley de Cooperación Internacional, un instrumento que regularía el funcionamiento y financiación de las ONG en Venezuela.
Desde Caracas Feliciano Reyna, presidente del grupo de ayuda Acción Solidaria, que se enfoca en el tratamiento del VIH/SIDA, recordó que entre 2006, 2010 y 2015, el chavismo buscó aprobar esta legislación que, en voz de sus críticos, acabaría con el funcionamiento no solo de las ONG sino de cualquier asociación que el gobierno considere contraria a los fundamentos del Estado.
“En 2006 se pasó el primer proyecto de Ley de Cooperación Internacional. Pero justamente porque tenía elementos que son contrarios a la libertad de asociación como derecho humano, contemplado en la Constitución, pudimos hacer mucho trabajo de incidencia y frenar su aprobación”, dijo Reyna.
“En el pasado como ahora, hay que ver que esto afectaría sindicatos, academias, grupos culturales. No es solo algo que puede perturbar a organizaciones de derechos humanos”.
Damelya Aitkhozhina, la representa de Human Right Watch, relató que la ley sobre “agentes extranjeros” aprobada en Rusia originalmente en 2012 y luego ampliada mediante enmiendas de 2014, 2016 y 2021, impone estrictos requisitos de “etiquetado” y presentación de informes a las ONG, bajo amenaza de sanciones administrativas y penales contra los grupos y sus líderes.
También permite a las autoridades incluir a los grupos como agentes extranjeros sin su consentimiento, o considerarlos como tal si reciben dinero u otro apoyo de un estado extranjero, una organización internacional o foránea, o incluso una persona de otro país.
En lo que respecta a las organizaciones extranjeras e internacionales, pueden ser declaradas “indeseables” según la legislación rusa, por lo que deben cesar inmediatamente todas sus actividades en el país y cualquier participación con ellas puede entrañar responsabilidad administrativa y penal.
Actualmente hay 35 organizaciones en la lista y la fiscalía general rusa busca incluir en la lista negra a otras cuatro como “indeseables”.
Los grupos que recibieron la etiqueta tóxica de “agentes extranjeros”, dijo la experta, incluyen grupos de derechos humanos, organizaciones benéficas, monitores electorales, proyectos educativos, grupos ambientalistas, o aquellos que trabajan en temas de bienestar, proyectos culturales.
De Moscú a Centroamérica
Una ley al estilo ruso, con similares principios, fue aprobada en Nicaragua por el Parlamento bajo control del gobernante Frente Sandinista, en octubre de 2019, obligando a todas las personas, empresas y ONG que reciben donaciones del exterior a inscribirse como “agentes extranjeros” y rendir cuentas al Estado del uso de esos recursos.
La nicaragüense Ley de Regulación de Agentes Extranjeros surgió luego de las protestas sociales que estallaron en abril de 2018 en rechazo al régimen de Ortega, que gobierna desde 2007, y que condujo a la ilegalización de una decena de ONG a las que el presidente culpó de impulsar las manifestaciones.
En el caso venezolano la situación ha causado controversia porque el proyecto de ley es, en su mayoría, una reedición de los textos pasados y contiene una elevada carga política en su exposición de motivos y contenido.
Establece la normativa que la ayuda humanitaria ha sido utilizada por el “eje anglosajón” como un instrumento de injerencia extranjera, intervencionista y para la desestabilización: Hace referencia a los hechos de inicios de 2019.
Destaca el uso selectivo de la defensa de los derechos humanos como excusa para justificar invasiones extranjeras y otros tipos de agresiones.
Señala que el mecanismo COVAX, el programa de la ONU para distribuir las vacunas contra la Covid-19, tiene una tendencia a favorecer a unos países más que a otros lo que afecta su eficacia.
Menciona el uso político del tema de los migrantes, destacando que la migración venezolana es producto de las sanciones económicas unilaterales y coercitivas impuestas por una “gran potencia”, en referencia a Estados Unidos.
El nuevo proyecto tiene “la idea de restringir las formas para movilizar recursos, no solo financieros. Hay elementos que constituyen el derecho de libertad de asociación y uno de ellos, que es clave, es de solicitar, recibir y utilizar recursos de la cooperación internacional para fines legítimos”, advirtió Reyna, de Acción Solidaria.
“Eso es como tener un cuerpo que no recibe alimentos”, sugirió.
Otro tema que inquieta a las ONG, y se plantea en el proyecto de ley venezolana, es que, lo que se considera legitimo “es cumplir con los fines del Estado y nada más ajeno a la libertad de asociación como derecho humano, que la imposición sobre cosas que deben trabajarse, siempre que no afecte al Gobierno”, admitió Reyna.
“La lucha contra la corrupción o el abuso de poder podrían ser considerados contrarios a esos fines de quienes controlan el poder”, acotó.
“Todo esto va en contra de la legitimidad y la eficacia”, resumió Uzcátegui, el representante de Provea, cuya organización ha sido desprestigiada por figuras del oficialismo estos años.
Unas 800 ONG estarían operando en Venezuela en este momento, según estimaciones del señor Reyna, quien lamentó que en el pasado se llegó a hablar de unas cinco mil organizaciones trabajando en el país.
Según Uzcátegui, hoy en día es complejo registrar una organización en Venezuela sobre derechos humanos.
“Hay una orden no escrita, una orden verbal, para no registrar organizaciones que tengan dentro de su mandato el trabajo por los derechos humanos. Es un patrón que se repite en varios estados del país”, denunció.
El último informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que se presentó el 2 de julio de 2021, denunció la criminalización contra los activistas y las ONG que critican al régimen de Maduro, y advirtió que estos hechos amenazan su integridad y trabajo, un reclamo que el Gobierno viene ignorando desde hace tiempo.
Como una estrategia para afirmar su influencia como potencia contra todo aquello que adverse a su rival histórico, Estados Unidos, Rusia con los años se ha anotado ciertas victorias al lograr que gobiernos en Europa del Este y repúblicas de Asia Central (países que son aliados cercanos de Moscú o donde tiene una fuerte influencia) incorporen leyes represivas similares a las adoptadas por el Kremlin.
Damelya Aitkhozhina, la experta de Human Right Watch, admite desconocer los pormenores de las leyes que en Venezuela se están discutiendo en detrimento de la sociedad civil.
Plantea, sin embargo, que “dada la estrecha cooperación del régimen venezolano con el Kremlin y probablemente una filosofía y actitudes similares hacia la percepción de estos grupos como una amenaza potencial, no es sorprendente ver la exportación y el ‘trasplante’ de los métodos represivos dirigidos a grupos cívicos”.
Gilberto Olivares Ochoa colaboró desde Caracas, Venezuela, con esta historia
Actualizada el 9/7/2021 para agregar declaraciones de un portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos
