El Gobierno comunista de la isla se vale de un “modelo de terror” con enormes tentáculos que permea el más mínimo de los espacios de la sociedad para avivar el miedo y extinguir cualquier foco de oposición.
Para mantener un sistema como el de Cuba donde la revolución nunca consintió discrepancias a su ortodoxia, el Gobierno se ha valido de un poderoso aparato policial de enormes ramificaciones.
Hoy como en el pasado, permea el más mínimo de los espacios de la sociedad para avivar el miedo y extinguir cualquier foco de oposición.
Por ello las protestas en la isla el 11 de julio representaron una fractura inédita a ese modelo sistemático de represión.
Los militares y policías, en connivencia desde 1959 con el régimen comunista, llevan décadas ejerciendo un sofisticado modelo de control social que más allá de arrestos, palizas, y desapariciones, tienen patente de corso para aplicar la violencia sin límites.
Pero ahora contra un enemigo incorpóreo como Internet, con ideas, críticas y opiniones fluyendo a un ritmo avasallante sin posibilidad de atajo, no como en el pasado en la plaza pública o en las esquinas de las ciudades, esas fuerzas del Estado policial cubano, con cerca de dos millones de uniformados, están en un paradigma.
“Antes de las protestas del 11 de julio había en Cuba 150 presos políticos. Hasta el 20 de julio hay unos 583 detenidos y/o desparecidos, según la información recolectada”, dijo desde La Habana María Matienzo, una escritora y periodista independiente que colabora con Cubanet, uno de los portales de información más antiguos fuera del país.
“No sabemos qué puede estar pasando con estas personas. Si están mezclándolas con presos comunes o llevándolos a prisiones lejanas”, advirtió.
El Proyecto Itempnews recopiló documentos desclasificados de la CIA en el no gubernamental Archivo de Seguridad Nacional de la Universidad George Washington.
También entrevistó a disidentes y activistas dentro y fuera de Cuba, revisó medio centenar de páginas de reportes de organizaciones de derechos humanos internacionales, y recopiló los relatos recogidos en libros de media docena de escritores exiliados, que ayudan a delinear cómo desde adentro luce hoy el “Estado represor” para enfrentar a su adversario.
La primera conclusión, más simple, es que el Gobierno de Cuba cuenta con una policía política organizada y distribuida a lo largo de la nación con injerencia en todos, o casi todos, los espacios de la sociedad y es difícil saber, en muchos casos, quién es un informante oculto.
Esta es la reconstrucción, sobre todo, de cómo funciona al interior de ese país la maquinaria de seguridad del Estado que por estos días está resuelta a apagar la “subversión” ya no clandestina o entre individuos clave, sino en las calles, pueblos y ciudades, algo que no es cotidiano para las fuerzas del orden cubanas.
En Cuba impera un modelo de represión análogo del totalitarismo de la Unión Soviética (URSS) del que la isla fue hasta 1991 un satélite en América.
Un modelo que no entendía la disensión porque la terea era mantener en pie un sistema monolítico en torno a sus líderes, y, en este caso, al Partido Comunista cubano.
De esta forma, el Estado policial en Cuba nunca se ha ido. Se ha perfeccionado adaptando tácticas que al fin de cuenta mantienen al país atemorizado.
Golpes, porrazos, acoso, encarcelamientos cortos, aislamiento social, espionaje, chantaje, una gama de herramientas que, como en los años más cruentos de la dictadura cubana desde 1959, sigue siendo la fórmula actual.
Lo atractivo de lo radical
René Blanco viajó en varias ocasiones al exterior para representar a Cuba en festivales de teatro internacional, y en cada delegación había, al menos, dos agentes de la seguridad del Estado encargados de vigilarlos para evitar su fuga. La deserción.
“Esto ocurría antes, esto ocurre ahora. Siempre estaba el agente detrás de nosotros, oyendo qué decíamos, viendo cómo actuábamos. Luego debía presentar un informe, crear una ficha”, cuenta hoy desde Miami el señor Blanco, que en 1994 dejó su país en medio de una dura crisis del llamado “período especial”.
“Saber todo sobre ti es vital para el régimen cubano, esa es su primera opción. De allí en adelante, debes valer por la libertad de tus pensamientos”, advierte el artista.
Más allá de los mitos y realidades de este elefante de la burocracia del país, las nuevas generaciones pos-Guerra Fría en la isla apenas pueden recordar los músicos prohibidos, o los libros vetados.
Mucho menos los manuales de tortura, pero quienes lo vivieron no hace menos de una o dos décadas, reconocen que aquellos horrores se están repitiendo a otra escala, con otro sentido.
“Anteriormente el régimen aplicaba arrestos prolongados, condenas largas en prisión. Ahora la policía política se ha enfocado en desgastar a los activistas con acoso permanente, arrestos cortos (express, como los defino) pero violentos. Acoso a las familias, a su entorno”, señaló Antonio Rodiles, un opositor cubano que en varias ocasiones sufrió palizas que le generaron fracturas y lesiones por parte de la policía.
“Cambió la estrategia de golpear con fuerza, la estrategia del mazazo duro, a uno que es corto pero permanente, esa ha sido la variación”, reconoce Rodiles.
Carlos Alejandro Rodríguez es un periodista independiente que en 2019 se exilió en los Estados Unidos, y como tantos de su profesión en Cuba, fue detenido en dos oportunidades por agentes de seguridad.
Para él la guerra psicológica es el arma moderna.
“No es menos importante: me consta que intentan desestabilizar emocionalmente a los periodistas, activistas y opositores. Interfieren en sus relaciones afectivas (principalmente entre ellos y sus parejas). Suelen enviar anónimos o montajes que avisan de supuestas infidelidades. Si desequilibran emocionalmente a un periodista, por ejemplo, han logrado su objetivo”, admitió Rodríguez.
“Si eres estudiante y expresas ideas contrarias al régimen, te expulsan de tu centro de estudios. Si eres trabajador, lo mismo. Si no trabajas para el Estado, despliegan una campaña de difamación contra ti en tu barrio”, agregó el periodista.
Un informe de 1999 de Human Right Watch hablaba de la “rutina de la represión” en Cuba para referirse a la forma en que el Ministerio del Interior (MININT), responsable capital de monitorear a la población en busca de signos de disidencia, contaba con dos oficinas centrales para ese propósito: la Dirección General de Contrainteligencia y la Dirección General de Orden Interno.
El primero supervisa las actividades del Departamento de Seguridad del Estado, la temida Policía Política, dividiendo sus operaciones de contrainteligencia en unidades especializadas.
Una de las unidades, conocida como “Departamento Cuatro”, citaba el reporte, se enfoca en el “sector ideológico”, que incluye grupos religiosos, escritores y artistas.
La segunda oficina del Ministerio del Interior que monitorea la presunta actividad disidente, la Dirección de Orden Interno, supervisa dos unidades policiales con responsabilidades de vigilancia interna, la Policía Nacional Revolucionaria y el Departamento Técnico de Investigaciones (DTI).
Una vez que las autoridades dan una advertencia oficial a un activista, la ley cubana permite que la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) controle las actividades de esa persona, pero la población sabe que no se necesita ninguna orden especial para que los agentes se ensañen con un potencial disidente.
“La policía política ha sido el arma inteligente todo este tiempo para saber qué puerta tocar, a quién visitar. Tenernos ubicados”, agrega Matienzo desde La Habana.
En septiembre de 2019, el disidente cubano José Daniel Ferrer fue detenido en una prisión controlada por el MININT en Cuba, donde denunció haber sido golpeado, abusado y recluido en aislamiento sin posibilidad de leer o escribir.
“Un ejemplo del abuso sistemático y diario que el Ministerio del Interior del régimen inflige al pueblo cubano”, dijo el Departamento de Estado el 15 de enero de 2021 cuando sancionó al propio Ministerio del Interior y al jefe de esa cartera, general Lázaro Álvarez Casas “por su conexión con graves abusos a los derechos humanos”.
Para la periodista independiente “no hay tiempos más o menos duros de represión en Cuba, todos han estado cargados de violencia. Y este momento, ahora, lo está demostrando. No sabemos qué puede estar pasando con los presos recientes o los desaparecidos. Hay personas que no saben dónde está su familia”.
Enemigo en casa
Desde que fueron creados en 1960, Cuba ha contado con los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) para realizar una vigilancia intensiva en todos los barrios cubanos.
Los CDR son la organización más grande del país porque están en cada esquina, cada plaza, cada edificio, y sus miembros forman parte de una compleja y poderosa red de “chivatos” que ganan indulgencias y beneficios por su trabajo.
Si bien se ha calculado que los efectivos policiales son de unos 10.000 para un país de once millones de habitantes, un número de auxiliares de policía voluntarios, la mayoría procedentes de los CDR, eleva esta cifra, de acuerdo con un informe sobre la transición en Cuba que fue financiado por la USAID.
El Gobierno destina casi un 3% de su presupuesto al gasto de seguridad y defensa, que puede incluir desde la compra de armamento, reparaciones, hasta el pago de salarios, pensiones.
Aunque ese desembolso, en relación con el PIB, fluctuó sustancialmente en los últimos años, tendió a disminuir a lo largo del período 2009 – 2018, terminando en 2,88 % en 2018, según un informe del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI).
El valor de gasto militar en Cuba para 2017 fue de tres billones de dólares, un promedio de 300 dólares per cápita, dice el mismo texto.
Ese monto per cápita para un país de once millones de personas, en las condiciones económica que se ha encontrado históricamente, representa un valor muy superior al salario mensual que ronda los 20 dólares.
A ese aparato de vigilancia y control se le sumó en 1991, en pleno derrumbe de la URSS, y cuando se preveía también la caída del socialismo en Cuba, dos nuevos mecanismos de control que siguen estando integrados por civiles, policías, miembros del Partido Comunista y funcionarios estatales.
El primero fue el Sistema Único de Vigilancia y Protección (SUVP) cuyos miembros se dedicaron a la intimidación de los activistas de oposición y luego las Brigadas de Respuesta Rápida que el Gobierno organizó con grupos de simpatizantes civiles para sofocar actividades que pudieran generar caos.
¿De qué forma?
“Con detenciones arbitrarias, multas, amenazas con ser procesado judicialmente, con actas de advertencia, las prohibiciones de salida del país, los arrestos domiciliarios, las restricciones de movilidad, los cortes selectivos de internet, y la violencia física y psicológica (agravada en el caso de las mujeres, que sufren también violencia política con sesgo de género)”, enumera Rodríguez, el periodista exiliado.
Cuando el domingo 11 de julio de 2021 estallaron las protestas en decenas de ciudades de Cuba exigiendo el fin de la dictadura y mejores condiciones al gobierno del presidente Miguel Díaz-Canel, el país estuvo expectante no solo por quién podía sumarse a los reclamos sociales, sino cómo el régimen sería capaz de contener a la gente.
“Ese día la dictadura sacó al Ejército completo. Supimos que existían los ‘Boinas Negras’, pero nunca imaginamos que tenían este nivel de sofisticación. Toda una parafernalia antimotines. Llegamos a pensar que no iban a atacar a la juventud, pero nos equivocamos”, ilustra Matienzo, que desde La Habana presenció aquellas manifestaciones.
Brigada Especial Nacional (BEN) o “Boinas Negras”, como los cubanos la conocen, es un grupo élite antidisturbios al servicio del Ministerio del Interior, que fue creado para contingencias especiales cuando la Seguridad del Estado y la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), no pudieran mantener el control.
Pero en un país donde el derecho a la protesta y disentir están prohibidos, su presencia en las calles en una circunstancia como la reciente generó miedo y asombro, según los relatos en los medios independientes cubanos.
“La represión ordenada por Miguel Díaz-Canel (dijo, literalmente, “la orden de combate está dada“) nunca había sido desplegada de una forma tan masiva”, recuerda Rodríguez.
“Uno de los objetivos de los regímenes totalitarios es atomizar la sociedad. Romper todas las estructuras sociales y las remplaza por el brazo del poder totalitario. Eso es lo que vimos cuando estos escuadrones estaban en la calle”, anota Rodiles, el activista y opositor cuyas brutales palizas en su contra generaron condenas internacionales en años recientes.
Desde 1989, cuando los servicios policiacos, de seguridad y de inteligencia del Ministerio del Interior (MININT) quedaron bajo el control de las Fuerzas Armadas, estas han ejercido un monopolio absoluto de fuerza coercitiva en la isla.
Con un personal militar regular cuyos integrantes se calculan entre 50,000 y 60,000, y otros miles en el MININT, así como en las fuerzas auxiliares, de reserva y de milicia, el número de cubanos que llevan uniforme sobrepasa los 2 millones, de acuerdo con un informe que redactó Brian Latell, un exanalista de la CIA que por 35 años asesoró al Gobierno estadounidense sobre políticas hacia América Latina y escribió varios libros sobre el régimen castrista.
En los últimos 12 meses, entre junio de 2020 y del 2021, unos 205 casos de presos políticos y condenados fueron reportados por la organización Prisoners Defenders, la cual cuenta con activista e informantes dentro de Cuba para construir sus informes los cuales son citados por Human Right Watch (HRW).
“Con 134 presos y condenados se inició junio de 2020. Desde entonces hasta junio de 2021 se contaron 71 nuevos casos (seis al mes). De los que han salido de la lista, 53 en el mismo período, la práctica totalidad han cumplido íntegramente las condenas”, citó el último reporte de Prisoners Defenders.
Las organizaciones locales creen que la cantidad real de presos políticos puede ser mayor, pero las restricciones gubernamentales limitan su capacidad de documentar los casos, criticó HRW en su informe de 2020.
Una segunda opción peligrosa
Para muchos dentro y fuera de Cuba, el Gobierno está buscando crear las condiciones de otra “Primavera Negra”, una referencia a los sucesos de 2003 cuando un total de 75 opositores fueron encarcelados a largas condenas por exigir cambios políticos en la isla.
En el peor de los casos, la política del régimen hacia su disidencia apuntó a forzarlos al exilio con lo cual logran quebrar el efecto que pueden generar dentro del país.
El abanico de leyes internas contra todo aquello que arriesgue la continuidad de la revolución permite, junto con la represión física, acabar con cualquier “amenaza local”
“Antes ―estoy pensando en la Primavera Negra― el régimen no tenía reparos en condenar con penas de hasta 30 años a periodistas y activistas. Tras la crítica internacional el régimen optó por emplear figuras penales que no tienen carácter estrictamente político (desorden público, peligrosidad predelictiva, desacato…) para negar la existencia de presos políticos. Antes de llevarte a la cárcel, intentan a toda cosa que te exilies”, recordó Rodríguez.
El Gobierno controla prácticamente todos los medios de comunicación y restringe el acceso a información proveniente del extranjero.
Por eso Internet se terminó convirtiendo en el peor enemigo para el gobierno y está decidido a “doblegarlo” para amainar lo que define como subversión.
Los cortes del servicio son cada vez más frecuentes, y ahora que las protestas comenzaron al calor de la red, los funcionarios no están dudando en aplicar más controles, como se está viendo.
“Nosotros llegamos a la dictadura sin internet. Cuando llegó la web ya teníamos un estado de terror construido”, reflexiona Matienzo.
“Una de las grandes diferencias con el pasado es que tenemos internet y la gente visibiliza el horror que vivimos ahora, casi en tiempo real. Eso pone a los represores en evidencia y sus niveles de crueldad, como lo están haciendo con la gente detenida en este momento”, añade.
Antonio Rodiles acepta que “las redes sociales movieron todo lo que ahora se está viendo en Cuba, sin internet nada pudiera haber ocurrido”.
En el libro “1984” de George Orwell se presentaba a una supuesta sociedad policial, donde el Estado ha conseguido el control total sobre su población. No existe siquiera un resquicio para la intimidad personal: el sexo es un crimen, las emociones están prohibidas y la adulación al “Gran Hermano” es la condición para vivir y sobrevivir.
Durante los días de marzo de 2012, cuando el papa Benedicto XVI visitó La Habana, muchos católicos -los de verdad- los escondieron.
Al que pudiera verse como amenaza, se le intimidó. A unos los arrestaron por varias horas, a otros simplemente se les dejaba pasar.
Era el estado del miedo disfrazado de fervor. Esa sensación de pánico la vivió Randy Gómez. A las seis de la mañana, cuando se dirigía a la Plaza de la Revolución para presencia la misa papal, dos agentes policiales -de esos que parecen inofensivos adolescentes-, le pidieron sus documentos de identidad. Como si nada le espetaron: “móntate”.
Y así fue. En aquella jaula negra otras quince personas estaban allí: Sin derecho a nada, sin poder hacer nada. Sin saber nada.
Sobre lo que se ha dicho del fin del socialismo en Cuba y el advenimiento de la democracia todo este tiempo, los libros tienen mucho que sostener.
El hecho histórico de que la dictadura cubana recurra a la agresión y a las amenazas a través de una macabra estructura de Estado policial, demuestra que su permanencia se sigue sustentando en el miedo popular, que ahora se escucha en internet y se comparte al mundo como nunca y en tiempo real.
Queda por ver si, como en el pasado, lo que ahora está germinando en el último reducto del comunismo occidental, dará pasó a una mayor presión social que fracture (o dulcifique) al régimen para avocarse a un cambio de algo que ni los más expertos pueden dilucidar qué será. O por el contrario, como la historia cíclica en los estados totalitarios: apagado el fuego, la venganza se consuma, y orden gobierna al caos.
