Las autoridades de Reno, Nevada con una de las peores carencias de viviendas asequibles de Estados Unidos, permitieron que el dueño de un casino de otro estado desplazara a residentes de bajos ingresos, para un día construir un complejo de entretenimiento.
Esta historia fue publicada originalmente por ProPublica. El Proyecto Itempnews la reproduce en español con autorización del autor
Durante la mayor parte de su vida, Ernest Block se las ha arreglado para mantenerse un paso por adelante de los sintecho. Cuando tenía 9 años, sus padres se apresuraron a buscar un nuevo lugar para vivir después de que su abuela vendiera el rancho familiar. De adulto, cuando sus costos de alquiler superaban sus ingresos, encontró amigos dispuestos a acogerlo como compañero de casa. En otras ocasiones, obtuvo refugio al cuidar a un familiar enfermo.
Luego, hace como diez años, encontró Nystrom House, a la sombra del Hotel Casino Sands Regency del centro de Reno. El alquiler era asequible. Por US$450 dólares al mes, tenía una habitación con cocina y baño compartidos.
Para Block, la casa de ocho habitaciones de la calle de Ralston, aunque envejecida y ya no tan esplendorosa y grandiosa como en su mejor época, llegó a ser un oasis en un barrio ajetreado, y a menudo duro, en el extremo occidental del centro de la ciudad. Los árboles frutales protegían el patio trasero de las luces de los casinos cercanos. Cuando volvía a casa de su trabajo como lavaplatos, el gato del barrio lo esperaba. Block se tumbaba sobre el césped y la dejaba acurrucarse en su pecho.
“Me gustaba ese lugar”, dijo. “Se sentía como un hogar”.
A finales de 2016, el propietario de un casino de otro estado, Jeffrey Jacobs, empezó a comprar propiedades en los alrededores de Nystrom House: terrenos baldíos, casas abandonadas, mansiones históricas, un taller de reparación de carros, una tintorería, una capilla de bodas, un bar del barrio, una gasolinera. También moteles, muchos moteles. Al cabo de unos meses, Jacobs también era dueño de Nystrom House.
Entonces, mientras Block y sus compañeros de casa observaban, Jacobs comenzó a demoler esos establecimientos. Primero cayeron el Carriage Inn y el Motel Donner Inn. Luego el Stardust Lodge. Les siguieron el Keno, El Ray y el Star of Reno.
Los moteles, anticuados ya por décadas, habían servido de vivienda de último recurso para cientos de personas con ingresos extremadamente bajos y pocas opciones. Jacobs despejaba el camino para lo que sería un distrito de entretenimiento de US$1,800 millones de dólares anclado por sus dos casinos, según lo que informó.
A mediados de 2018, la administradora de propiedades de Jacobs llevó a cabo una junta con los inquilinos de Nystrom House. Ofreció comida gratis y les dijo que tendrían que encontrar nuevos lugares para vivir. También dijo que les ayudaría.
Block, al igual que otros cientos de personas que vivían en moteles y casas de huéspedes que adquirió Jacobs en los últimos cinco años, entró súbitamente al brutal ámbito de la escasez de viviendas asequibles del estado de Nevada, una crisis que se encuentra entre las más graves del país para inquilinos con ingresos extremadamente bajos, según la Coalición Nacional de Vivienda de Bajos Ingresos.
A través de una investigación de ProPublica se descubrió que las políticas locales y las exenciones fiscales federales han acelerado la demolición de moteles y otras propiedades en las que viven residentes con ingresos extremadamente bajos, al mismo tiempo que se ha hecho poco para ayudar a quienes han perdido sus hogares.
A diferencia de otras ciudades, Reno no cuenta con una política que impida la demolición de viviendas asequibles, ni tampoco requisitos para sustituir las unidades perdidas. Una vez que estas viviendas desaparecen, la situación permanece de esa forma.
Aunque en el plan estratégico del consejo de la ciudad de Reno se menciona la crisis de la vivienda como uno de seis objetivos, este no especifica cuántas unidades deben construirse ni qué hacer con las personas que pierdan sus hogares. En cambio, pide “asociarse con otros organismos” y aplicar “enfoques comprobados”, que no se nombran.
Los dirigentes de la ciudad no han utilizado el proyecto de Jacobs como palanca para aumentar y mejorar las opciones de vivienda asequible. Se han resistido a frenar lo que consideran una oportunidad como ninguna otra en la historia reciente para renovar la ciudad. Han sido promotores entusiastas del proyecto, dispensando los requisitos y haciendo llamadas telefónicas a los propietarios de bienes raíces en nombre de Jacobs.
La ciudad también ha facilitado que Jacobs se beneficie de cualquier desarrollo que surja de sus demoliciones. Ha aplazado las cuotas de los permisos de construcción y ha ampliado el tiempo en que podrá utilizar los créditos de las mismas para conectarse al alcantarillado de la ciudad, lo que significa que puede mantener los terrenos vacíos durante más tiempo sin perderlos.
Mientras tanto, un programa de impuestos federales de la era de Trump, aplicable al proceso de desarrollo en el vecindario, ha creado incentivos adicionales para que los urbanizadores construyan viviendas de precio de mercado o de lujo, no viviendas asequibles.
En su retórica pública, Jacobs no da espacio a la idea de que los edificios que está derribando sean algo más que fosas sépticas.
“Los moteles que demolimos en la zona eran estructuras en las que nadie debería vivir, y se alquilaban por US$1,400 -1,500 dólares” mensuales, dijo Jacobs en una respuesta escrita a las preguntas de ProPublica. (Rechazó una entrevista en persona). Jacobs dijo que ha gastado US$400,000 para reubicar a 280 personas que vivían en esas propiedades.
“Únicamente quedan un par de esos edificios en la zona, administrados por caseros explotadores tanto locales como de fuera. En última instancia, el creciente valor del suelo en la zona hará que estas propiedades se reciclen hacia un uso superior y diferente”, dijo Jacobs.
Aun así, no todos los moteles son casuchas; y, aunque están disminuyendo, todavía quedan más de 50 en la ciudad. En febrero se estimaba que 2,550 personas vivían en los moteles de Reno.
Reno no es la única ciudad de la región que se enfrenta a una escasez de vivienda para personas con bajos ingresos. La crisis es especialmente grave en ciudades como Denver, Phoenix, Salt Lake City, Colorado Springs y Tucson, en parte porque la región comenzó con muchas menos viviendas públicas que el promedio nacional.
Desde la década de 1930 hasta la de 1960, cuando el gobierno federal se enfocó más en construir viviendas públicas para los pobres, las ciudades del suroeste estaban en pañales y los recursos federales se destinaban en gran medida a ciudades más grandes y consolidadas. En la actualidad, Arizona ocupa el último lugar en cuanto a unidades de vivienda pública por cada mil habitantes, según las estadísticas del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos. Nevada y Utah también se sitúan cerca de los últimos lugares.
En Reno, esta dinámica se desenvuelve a lo largo de 15 manzanas del centro de la ciudad, donde el gobierno municipal ha permitido la demolición de casi 600 unidades de viviendas de último recurso a cambio de la promesa incipiente de Jacobs de construir un gran distrito de entretenimiento de US$1,800 millones de dólares.
Los detalles de lo que podría ser ese distrito han cambiado repetidamente. La promesa más reciente de Jacobs, en ese sentido, fue un centro de hoteles, restaurantes y torres de condominios, aunque no ha avanzado mucho en nada de eso.
Hasta ahora, el promotor ha comprado más de 100 parcelas, entre ellas 19 moteles, 14 de los cuales han sido demolidos.
Las autoridades de Reno no se han pronunciado en cuanto al desplazamiento de los residentes de los moteles.
En cambio, la alcaldesa y algunos concejales han aplaudido las demoliciones, incluso cuando los defensores de la vivienda les han rogado que conserven y actualicen los edificios o establezcan viviendas alternativas antes de echar a la gente de sus casas. En los últimos seis años, únicamente se han construido 326 viviendas subsidiadas en Reno, cantidad que no ha podido mantenerse al ritmo del crecimiento de la ciudad.
“Esas no eran viviendas asequibles, eran viviendas horribles”, dijo la alcaldesa de Reno, Hillary Schieve, en relación con los edificios que demolió Jacobs. “Es un error seguir diciendo que le quitamos la vivienda a la gente. En realidad, lo que pasó debía haber sucedido desde hace mucho. Dejamos que durara demasiado y sometimos a la gente a condiciones horribles durante mucho tiempo, y eso es lo que debería avergonzarnos”.
La gran parte de los terrenos adquiridos por Jacobs siguen vacíos. Algunas de las parcelas, incluida la que ocupaba Nystrom House, se han convertido en estacionamientos. Otras ahora se ven adornadas con esculturas del evento anual Burning Man: un oso polar de 35 pies hecho con cofres de autos; un guerrero mongol de acero de 12 toneladas; un par de abejorros bailarines con zapatillas de ballet.
En una manzana recién despejada, Jacobs colocó réplicas de los históricos carteles de neón de Reno, algunos con los nombres de los moteles demolidos. La gente que solía vivir en esos moteles se refiere a la hilera de réplicas de neón como el cementerio de los carteles. Jacobs la llama “Glow Plaza”, o plaza luminosa.
Aunque parece que Jacobs ayudó a algunos exinquilinos a encontrar una nueva vivienda, otros que residían en los edificios derribados acabaron viviendo en sus carros, en las orillas del río Truckee o en habitaciones de motel igualmente decrépitas.
En los tres años que han pasado desde que Block se vio obligado a abandonar Nystrom House, la administradora de las propiedades de Jacobs lo ha hecho pasarse de una habitación a otra. Sus opciones se reducen. La empresa de Jacobs le dio otro aviso para que desalojara su residencia actual, y por lo tanto trata nuevamente no quedarse sin hogar.
Crear el desarrollo con la ayuda de subsidios públicos
Cuando Jacobs entró al mercado de Reno, había empezado a construir un imperio de pequeños casinos y salas de juego en tres estados. Descendiente de una rica familia de magnates inmobiliarios de Ohio, también tenía en su haber un proyecto de reurbanización en Cleveland: un complejo de entretenimiento frente al río.
En 2001, Jacobs compró su primera propiedad en Reno, el Gold Dust West, un pequeño casino que atendía a los locales. Si tenía planes más allá de eso, los mantuvo en secreto. Sin embargo, quince años después, utilizó sociedades de responsabilidad limitada que ocultaban su identidad para empezar a juntar terrenos en torno a ese casino. También negoció un acuerdo de US$26 millones de dólares para comprar un hotel y casino mucho más grande a tres manzanas al este: el Sands Regency.
Desde entonces, y según los registros de propiedad, Jacobs ha comprado todas las parcelas que ha podido entre sus casinos, utilizándolas como garantía de la deuda de US$435 millones de dólares que arrastra su empresa.
Después de comprar el Sands, Jacobs ya no pudo mantener sus adquisiciones en secreto. Al principio, Jacobs ofreció unos cuantos detalles. Simplemente informó al público que planeaba remodelar el Sands Regency Hotel Casino y construir un proyecto de entretenimiento de uso mixto de US$500 millones de dólares llamado Fountain District. El distrito podría incluir hasta 300 viviendas, dijo en ese entonces.
Aun con pocos detalles, el plan de Jacobs atrajo a los líderes de la ciudad que habían pasado décadas tratando de rehacer a Reno.
La ciudad, que en su época fue la floreciente capital del juego del estado, había visto cómo el turismo, el sustento económico de su centro, entraba en franco declive desde principios de la década de 2000. Las Vegas se convirtió en la principal ciudad turística del juego del país, y los casinos de los nativos americanos en California habían captado a muchos visitantes de la región. Pero Jacobs vio una oportunidad.
“Después de la recesión de 2010 me di cuenta de que el impacto de los casinos de los nativos americanos de California en Reno había tocado fondo y creí que existían probabilidades futuras de crecimiento y oportunidad para la ciudad” dijo Jacobs a ProPublica.
Actualmente, Jacobs nombra a su proyecto como The Neon Line District (Distrito de la línea de neón). Menciona que este incluirá hoteles, restaurantes y hasta 3,000 unidades de vivienda; diez veces más que el plan original. Podría haber un anfiteatro al aire libre. Hace poco mencionó que quizás añadiría una tirolesa.
En Reno, Jacobs sigue la misma estrategia que ha utilizado en el pasado: confiar en las subvenciones públicas para impulsar sus esfuerzos de desarrollo.
En la década de 1980, mientras ejercía como legislador del estado de Ohio, Jacobs patrocinó sin éxito una ley para financiar públicamente el proyecto de un estadio en Cleveland que presentaba junto con sus socios, según el Akron Beacon Journal.
Más tarde, su familia y sus socios utilizaron los ingresos de los impuestos punitivos aprobados por los votantes para construir el estadio Jacobs Field (ahora llamado Progressive Field), sede de los Cleveland Guardians, equipo del que era propietario su padre. (Después de su mandato en la Legislatura de Ohio, Jacobs se postuló sin éxito a las elecciones a tesorero del estado y Roger Stone fue su asesor de campaña).
En la década de 1990, Jacobs pidió US$4 millones de dólares para mejoras en Columbus, Ohio, en forma de un proyecto de desarrollo propuesto en esa ciudad. Dijo al Cincinnati Enquirer que podría necesitar que la ciudad utilizara el dominio eminente para ayudarle a adquirir terrenos.
Ese desarrollo nunca se materializó. En Toledo, Ohio, Jacobs propuso construir un distrito de entretenimiento en un centro comercial en declive, diciendo que necesitaría financiación municipal y estatal. Ese proyecto tampoco tuvo lugar. Jacobs informó a ProPublica que tuvo “conversaciones” con ambas ciudades con sobre “asociaciones público-privadas”, pero que una “recesión nacional” puso fin a ambas ideas.
Cuando comenzó a comprar moteles en Reno, Jacobs empezó a contribuir a las campañas de los concejales de esa ciudad, donando a quienes apoyaban su proyecto y a los contrincantes de los que no lo hacían. Desde 2017, ha contribuido unos US$33,250 dólares a candidatos al consejo de Reno. La alcaldesa Schieve recibió la mayoría de ese dinero: US$21,500.
Jacobs también contrató como cabildera a una antigua concejal de Reno. Jessica Sferrazza, a quien ciertos empleados de la ciudad llaman “la octava concejal”, ya que tiene vínculos con empleados clave de la ciudad y es amiga íntima de Schieve, hecho que la alcaldesa revela públicamente cada vez que el consejo vota en relación con el proyecto de Jacobs.
El promotor también contrató a un abogado experto en planificación urbana, Garrett Gordon, quien tiene un largo historial de ayudar a los promotores para que el consejo de la ciudad apruebe sus proyectos.
Jacobs y su equipo han conseguido subvenciones públicas al mismo tiempo que han limitado las aportaciones del público. De acuerdo con declaraciones tanto de Jacobs como de los miembros del consejo, muchas de las conversaciones sobre su proyecto se dieron en privado.
Jacobs rechazó la petición de un miembro del consejo de celebrar un foro abierto en la alcaldía de la ciudad antes de que se aprobaran sus solicitudes de subvención. Asimismo, en 2018, su empresa le retiró el apoyo a un plan de diseño impulsado por la comunidad para esa parte del centro. La ciudad rechazó el plan eventualmente. La concejala Jenny Brekhus dijo que eso se hizo a petición de Jacobs.
“El administrador asistente de la ciudad mantuvo conversaciones con el grupo de Jacobs y sus asesores y me dijo que Jacobs no quería este esfuerzo de planificación porque, entre comillas, ‘temían perder el control de la planificación en la zona’”, dijo Brekhus.
El administrador asistente de la ciudad dijo a ProPublica que Jacobs retiró su apoyo al plan comunitario porque le preocupaba que Brekhus, un crítico declarado de Jacobs, lo utilizara para frustrar su proyecto.
En consecuencia, no se ha realizado ningún esfuerzo exhaustivo para solicitar la opinión del público en relación con las demoliciones o sobre cómo aumentar las viviendas asequibles en el distrito.
Schieve negó que su apoyo al proyecto se haya visto influido por las contribuciones de Jacob a la campaña, o por los cabilderos que haya seleccionado.
“Yo apruebo proyectos buenos. No autorizo proyectos basándome en las relaciones”, agregó.
“Me llamo Doug y trabajo con la ciudad de Reno”
Los que están deseosos de ver el centro de la ciudad rescatado de la decadencia ya quieren que comience la construcción. “Aquí lo veo, como si estuviera enfrente de Disneylandia”, dijo un propietario cercano al lugar. “Espero que suceda algo estupendo”.
Sin embargo, no todos los propietarios quieren vender, incluso a los precios que ofrece Jacobs. (Pagó a los propietarios de un motel cinco veces más de lo que habían pagado al comprarlo en 2012, según los registros del tasador).
En esas situaciones, Jacobs ha vuelto a recurrir a la alcaldía.
Cuando Jacobs empezó a husmear en el Motel Midtown de la calle West Second, su propietaria, Kathie Mead, no le dio mucha importancia. No estaba interesada en venderlo ni arrendarlo, ni en firmar un acuerdo de opción.
Además de proporcionar ingresos para la jubilación de Mead y su marido, el Motel Midtown satisface una importante necesidad de la comunidad. La escasez de viviendas en Reno ha elevado los costos. La tasa de vacantes en los alquileres es del 1.6 %, bastante más ajustada que el promedio regional del 4.4 %. El promedio nacional es del 5.8 %. Como resultado, el alquiler medio en Reno es de US$1,600 dólares mensuales.
Las habitaciones de Mead se alquilan por mucho menos y se han convertido en un lugar para aquellos que no pueden costear una vivienda, o que no pueden reunir los requisitos de arrendamiento ni encontrar algo en el mercado de Reno. Algunos inquilinos le han rentado durante más de una década y les ha mantenido su renta baja. Hay quienes pagan tan solo US$650 dólares al mes.
Mead siguió ignorando las llamadas de Jacobs y su gente; pero, el 30 de agosto recibió una llamada diferente. Reconoció que era un número de teléfono del gobierno municipal y contestó.
“Me llamo Doug y trabajo con la ciudad de Reno”, dijo la persona, según Mead.
Doug quería saber si Mead se reuniría con él y Jacobs ese jueves en el piso 17 del Sands. Se olvidó de mencionar su puesto de administrador de la ciudad.
“Estoy realmente desconcertada con lo que la ciudad de Reno tiene que ver con esto”, dijo Mead al administrador de la ciudad de Reno, Doug Thornley. “Él respondió: ‘No, no. Organizamos este tipo de reuniones todo el tiempo. Es simplemente para que contesten sus preguntas’”.
Mead rechazó la reunión, pero la llamada la dejó inquieta. “¿Esto es algún tipo de presión? ¿Me están diciendo que me van a quitar mi propiedad si no acepto vendérsela a esta persona?”, agregó.
En una entrevista con ProPublica, Thornley negó haber llamado a Mead para presionar la venta a Jacobs. Indicó que, a petición de los representantes de Jacobs, se había puesto en contacto con “varios” propietarios que habían ignorado las llamadas del promotor. Cada uno de ellos lo rechazó.
“Nunca he formado parte de una charla en la que participaran las gentes de Jacobs, o algún otro propietario, para determinar si una propiedad estaría, debería estar, o podría estar disponible para la venta”, dijo Thornley. “Ese no soy yo. Ese no es mi negocio”.
Al contrario de lo que dijo Jacobs sobre los propietarios de los moteles de Reno, Mead difícilmente encaja en la definición de casera explotadora. Su motel no es objeto de repetidas violaciones del código y, además, mantiene sus precios bajos, sobre todo para los inquilinos que han vivido ahí mucho tiempo.
Cecilia DeRush nunca soñó que pasaría su jubilación en un motel semanal. Solía ser propietaria de talleres de reparación de transmisiones, en los que trabajaba como contadora y reconstruyendo ese tipo de refacciones.
No obstante, en los últimos ocho años ha vivido en el Midtown Motel junto con su pareja, Karl Hager. Pagan US$650 dólares de alquiler por un hogar con una habitación principal lo suficientemente grande para una cama, un pequeño sofá, una cómoda y un mueble de televisión. Hay una pequeña cocina, en la que DeRush mantiene una cafetera preparada para Hager, que bebe a sorbos constantemente mientras ve la televisión. Las paredes están decoradas con obras de arte de los emblemáticos caballos salvajes de Nevada y fotos de sus familiares.
DeRush sabe que Jacobs ha estado empujando a Mead a vender y confía en que Mead lo ahuyentará.
“Si lo consigue, lo demolerá”, dijo, sacudiendo la cabeza ante la idea de intentar pagar el alquiler de un apartamento típico, con sus US$1,400 dólares de ingresos mensuales. “¿Puede clavar sus garras lo suficiente como para obligarla a vender? Esa es la cuestión”.
Influencia perdida
La agresiva adquisición de terrenos y los ambiciosos planes de Jacobs le han dado a Reno una ventaja que podría utilizar para hacer frente a su crisis, en gran parte porque el promotor quiere ayuda pública para construir el proyecto.
A cambio de sus exigencias de descuentos en los terrenos, exenciones o retrasos en las tasas de construcción y subvenciones con cargo a los futuros ingresos fiscales, la ciudad podría exigirle que proporcionara viviendas asequibles.
Eso fue precisamente lo que pareció que la ciudad haría el verano pasado. En el primer borrador de un acuerdo de desarrollo que obtuvo ProPublica, se indica que la ciudad habría exigido a Jacobs que el 15 % de todas las nuevas viviendas del distrito fueran asequibles, un requisito que podría haber sustituido tres cuartas partes de las viviendas demolidas.
A mediados de octubre, el consejo de la ciudad programó una votación clave sobre el acuerdo de desarrollo que detallaría los incentivos financieros y normativos que Jacobs recibiría de parte de la ciudad, y lo que haría a cambio. Esa mañana, decenas de personas llegaron a la alcaldía.
Algunos querían información acerca de lo que Jacobs iba a construir. Algunos pensaron que el consejo debía ayudar a poner en marcha el distrito de entretenimiento.
Por otra parte, hubo quienes llegaron para instar al consejo de la ciudad a velar mejor por las personas que Jacobs había desplazado: ¿estaba el consejo dispuesto a utilizar su influencia con el promotor para hacer frente a la escasa oferta de viviendas asequibles de la ciudad?
A las cuatro horas de la reunión, el consejo comenzó a debatir el acuerdo. Todos los que querían comentar el proyecto ya se habían ido, pero una figura clave acababa de llegar: Jacobs.
Fue una rara aparición de su parte en una reunión pública. Jacobs vestía unos jeans azules planchados, una chaqueta azul marino y una camisa de cuadros y tomó asiento en medio de la sala casi vacía.
Aunque la mayor parte del público se había marchado, para cumplir con las normas del consejo, se debían reproducir los comentarios del público que hubieran entrado al buzón de voz. Mientras Jacobs permanecía impasible, la voz de George Campagnoni llenó la sala.
Campagnoni vivía en el Courtyard Inn del centro cuando Jacobs lo compró. En un momento dado, el administrador de la propiedad de Jacobs dijo a Campagnoni y a sus vecinos que tendrían un año para desalojar.
“Un mes después, nos echaron, nos dijeron que teníamos que mudarnos, que teníamos que salir de allí”, dijo Campagnoni. Casi tres años después de su expulsión, el motel sigue en pie, pero está vacío. Este hecho le molesta a Campagnoni, cuyo alquiler es casi un 50 % más alto en su nueva habitación en un edificio de apartamentos del centro de la ciudad.
“No han hecho más que dejar lotes vacíos y sucios por toda la ciudad de Reno”, dijo. “No merecen ninguna compensación”.
(Durante una entrevista posterior en su pequeño estudio, Campagnoni se rio cuando le dijeron que Jacobs había estado presente para escuchar sus comentarios. “¡Bien! “Qué bueno!”, dijo).
Durante las primeras negociaciones con la ciudad, Jacobs pidió un descuento de casi US$3 millones de dólares para propiedades de la ciudad, pero finalmente pagó el precio de mercado a cambio de tener menos restricciones para el uso de los terrenos. También había pedido US$20 millones de dólares de los futuros ingresos del impuesto sobre la propiedad generados en su distrito, pero dejó esa petición para más adelante.
En esta reunión, Jacobs solicitó la aprobación inicial de los elementos de diseño del paisaje urbano, incluida la iluminación especial, la señalización y las pasarelas. También quería US$4.7 millones de dólares en créditos para instalaciones peatonales y más tiempo para utilizar US$1.6 millones de dólares en créditos de alcantarillado que obtuvo cuando demolió sus moteles.
Por lo general, la ciudad da a un propietario cinco años después de demoler un edificio para volver a conectar la nueva construcción a la red de alcantarillado sin pagar ninguna cuota. Jacobs quería 20 años, un incentivo que le permitiera permanecer en los terrenos vacíos durante dos décadas sin perder los créditos.
A cambio de cualquiera de estas peticiones, el consejo de la ciudad podría haber exigido la construcción de viviendas asequibles. En cambio, la ciudad le concedió a Jacobs casi todo lo que pedía sin exigir que sustituyera ninguna vivienda de bajo costo.
El consejo sí rechazó la petición de Jacobs de 20 años para utilizar sus créditos de alcantarillado, que pronto se vencerán, y en su lugar le concedió cinco años más. También le añadió la obligación de solicitar permisos de construcción para 63 unidades de condominio en un plazo de un año. Pero el requisito de un 15 % de viviendas asequibles no formó parte del acuerdo final.
Jacobs logró desviar a la ciudad en cuanto a utilizar el proyecto para avanzar en sus objetivos de vivienda. Se negó a comentar acerca de sus razones para no estar de acuerdo con el requisito de vivienda asequible en el anteproyecto del acuerdo de desarrollo.
En opinión de Thornley, la mejor manera de que Reno aumente sus existencias de viviendas asequibles es adoptar ordenanzas para toda la ciudad que faciliten la construcción de nuevas unidades; o bien, exigir que todos los promotores de viviendas incluyan algunas unidades asequibles, en lugar de apoyar un solo proyecto.
“Eso contribuiría mucho más al desarrollo y a la preservación de las viviendas asequibles que se producen de forma natural, en comparación con cualquier clase de requisito que sea parte de un acuerdo”, dijo Thornley.
Sin embargo, eso también ha sido un reto. En 1999, la Legislatura autorizó la zonificación para vivienda social, con la que se requiere que los nuevos desarrollos incluyan algunas unidades asequibles, pero ninguna ciudad de Nevada ha adoptado realmente una ordenanza de este tipo.
A principios de este año 2020, los legisladores eliminaron un proyecto de ley que habría permitido que las ciudades exigieran a los promotores el pago de tasas para financiar viviendas asequibles en lugar de exigirles que las construyeran directamente.
La ciudad de Reno ha aprobado varias iniciativas menores en materia de vivienda, como las bonificaciones de densidad, que permiten que los promotores construyan más unidades de las que permite la zonificación, así como la reducción de los requisitos de estacionamiento para los proyectos asequibles, y el aplazamiento de las tasas.
Sin embargo, la escasez de viviendas asequibles en Reno es tan grave que el consejo de la ciudad se vería justificado para impulsar más agresivamente los proyectos individuales para hacerle frente, dijo Christine Hess, directora ejecutiva de la Coalición de Vivienda de Nevada.
“La oportunidad de pedir al promotor que contribuya con unidades verdaderamente asequibles, es decir, unidades que tengan algunas restricciones de ingresos, sería útil”, dijo Hess. “Los promotores privados son una parte muy importante de la solución… Esas unidades no se construyen por sí solas”.
Jacobs no ha ignorado la crisis de vivienda totalmente. Ha prometido reservar como asequible el 10 % de las viviendas que su empresa construya y administre; por ejemplo, Renova Flats, el único motel que ha renovado para convertirlo en vivienda a precio de mercado. La escritura de Renova Flats, sin embargo, no exige ninguna vivienda asequible ni restricciones de ingresos. La palabra de Jacobs es lo único que respalda esa obligación.
Renova Flats sólo tiene 46 unidades, y los representantes de Jacobs han indicado que tiene poco interés en ser un propietario residencial. Dijeron que prefería centrarse en los aspectos de entretenimiento de su proyecto y vender el exceso de terrenos acumulados a promotores de viviendas. Para esos desarrollos, su promesa de que el 10 % de las unidades serán asequibles dejaría de corresponder.
Jacobs ha donado US$1.5 millones de dólares a la Autoridad de la Vivienda de Reno, mismos que se destinaron a un proyecto de viviendas con 44 unidades para personas de tercera edad, con un valor de US$13 millones de dólares.
Incluso, Jacobs contrarresta las críticas de la demolición de sus viviendas señalando que no ejerció una opción de compra y renovación de un proyecto de viviendas subvencionadas en el límite de su Glow Plaza, llamado apartamentos Sarrazin Arms.
En una entrevista con ProPublica, la alcaldesa Schieve dijo que teme que se exija a los propietarios la reposición de las viviendas demolidas, porque eso podría obstaculizar el desarrollo. Está de acuerdo en que la ciudad debe desarrollar una política mejor para ayudar a los residentes desplazados.
“En efecto, pienso que no lo hemos manejado de la mejor forma”, señaló.
Pero hasta ahora, se ha basado en conversaciones privadas con Jacobs y sus representantes para asegurarse de que están ayudando a los residentes en lugar de encabezar un cambio de política.
“Gentrificación con esteroides”
Siguen existiendo programas federales para fomentar la construcción privada de proyectos asequibles y rehabilitar los inventarios de viviendas deterioradas, recursos que las ciudades pueden aprovechar para hacer frente a la escasez. Sin embargo, en los terrenos reunidos por Jacobs, la política federal va en contra de los objetivos de vivienda asequible de Reno.
El centro de Reno se encuentra en una zona fiscal especial para zonas censales de bajos ingresos, una designación con la que se puede promover la demolición de viviendas asequibles a favor de la inversión, cualquier inversión.
En febrero de 2018, los funcionarios de la ciudad nominaron un puñado de tramos censales que juntaban los requisitos para el entonces nuevo programa federal de Zonas de Oportunidad.
De acuerdo con los correos electrónicos que obtuvo ProPublica, los funcionarios de la ciudad pusieron los terrenos de Jacobs al tope de la lista que enviaron a la oficina del gobernador. La zona censal en la que se encuentran cumple los criterios federales de índice de pobreza e ingresos promedio. El hecho de que ya se hayan propuesto proyectos de Jacobs y otros para la zona, hizo que esta fuera aún más deseable para la oficina del gobernador, en cuanto a la designación.
El pasado mes de junio, el Departamento de la Tesorería de Estados Unidos la certificó como Zona de Oportunidad.
Según las normas de las Zonas de Oportunidad, los inversionistas del proyecto de Jacobs pueden obtener un aplazamiento y un descuento en el pago de impuestos sobre las plusvalías invertidas en la zona. Las ventajas fiscales son aún mayores dentro de una década, cuando cualquier ganancia por arriba de esa inversión inicial queda libre de impuestos. Esa disposición podría, en este caso, acabar actuando en contra del desarrollo de viviendas asequibles.
Las Zonas de Oportunidad adoptan un enfoque “agnóstico” hacia la inversión, y operan bajo la creencia de que “la inversión equivale a los beneficios, independientemente de cuál sea esa inversión”, dijo el investigador principal del Instituto Urbano, Brett Theodos. Las Zonas de Oportunidad no priorizan el bien social.
Como el beneficio es directamente proporcional a la magnitud de las ganancias de la inversión, el programa tiende a desalentar los proyectos que no generarán grandes réditos. La promoción de viviendas asequibles no es un emprendimiento que genere grandes lucros.
“Las Zonas de Oportunidad son una herramienta, como un martillo”, dijo Theodos. “Se pueden utilizar para construir una casa o para derribarla”.
“Tal vez no todas estas viviendas sean de alta calidad, pero hasta que no ofrezcamos una alternativa, incluso las viviendas de último recurso son viviendas. Es mejor que acabar en un albergue. Es mejor que vivir debajo de un puente.
La influencia de la Zona de Oportunidad en las demoliciones de moteles de Reno, hace que se recuerde la década de 1990, cuando el gobierno federal incentivó a las ciudades para que demolieran proyectos de vivienda pública en decadencia. La intención declarada del programa HOPE VI era “erradicar las viviendas públicas gravemente deterioradas” y construir unidades subvencionadas en urbanizaciones de ingresos mixtos. Decenas de miles de unidades de este tipo fueron demolidas en todo el país, mientras que sólo una parte fue sustituida.
En Utah, los defensores de la vivienda han visto una dinámica similar en las Zonas de Oportunidad. Por ejemplo, indicaron que, en la ciudad de Layton, se eliminó un parque de casas móviles establecido para iniciar un desarrollo.
“La gente que vive allí está bastante perjudicada”, dijo Francisca Blanc, coordinadora de promoción de derechos y difusión de la Coalición de Vivienda de Utah, que se refiere a las Zonas de Oportunidad como “gentrificación con esteroides”.
Los expertos en vivienda se refieren a las viviendas de bajo alquiler que no cuentan con subvenciones o controles de alquiler (como los moteles semanales de Reno) como “viviendas asequibles que surgen de manera natural”. Dada la lucha por aumentar las viviendas asequibles, la conservación y rehabilitación de estas unidades es clave para hacer frente a la crisis.
“En las zonas donde hay una gran demanda de vivienda, esa asequibilidad se encuentra muy en riesgo”, dijo Andrew Aurand, vicepresidente de investigación de la Coalición Nacional de Vivienda de Bajos Ingresos.
En vista de que la ley de Zonas de Oportunidad casi no exige que se presenten informes públicos, a los investigadores les resulta difícil determinar la eficacia de los incentivos fiscales para estimular la inversión en las zonas desatendidas, dijo Theodos.
Un estudio cualitativo realizado por el Instituto Urbano encontró múltiples obstáculos para los proyectos “orientados a la misión”, como las viviendas asequibles. Uno de ellos era que tales proyectos “producen rendimientos inferiores a los del mercado que la mayoría de los inversionistas de las Zonas de Oportunidad parecen no estar dispuestos a aceptar”.
En reportajes anteriores de ProPublica y otros se ha revelado que los ricos han utilizado las conexiones políticas para designar zonas con inversiones existentes como Zonas de Oportunidad, aprovechando las exenciones fiscales destinadas a ayudar a los pobres. Una vez más, debido a la falta de requisitos de notificación, es imposible darse cuenta del alcance de este abuso.
Jacobs informó a ProPublica que no está utilizando financiación para Zonas de Oportunidad. La normativa impide que los casinos reciban las exenciones fiscales; pero la designación por sí sola hace que los terrenos que ha acumulado sean más valiosos.
Algunos de los promotores que se plantean comprar esos terrenos “incluirán créditos de Zonas de Oportunidad en sus fuentes de financiación”, dijo Jacobs.
Los incentivos, tanto locales como federales, que Jacobs ha reunido ya han dado sus frutos. En septiembre, Jacobs vendió una de sus parcelas por un precio 60 % mayor de lo que pagó por ella hace 18 meses.
“Desearía que nunca hubiera venido a este lugar”
Cuando Jacobs desalojó a los inquilinos de Nystrom House, Block acabó en el Lido Inn, que Jacobs también demolió, y luego en una antigua capilla de bodas frente al Glow Plaza, asimismo de Jacobs.
Mientras vivía en la capilla, Jacobs despejó el terreno donde había estado Nystrom House. Construida en 1875, ese lugar había servido como casa de huéspedes para personas que buscaban el divorcio fuera del estado a principios del siglo XX y había sido incluida en el Registro Nacional de Lugares Históricos. Eso le había dado a Block una falsa sensación de seguridad cuando se mudó.
“Pensé que sería un lugar que permanecería allí un buen tiempo”, dijo Block.
En lugar de demoler la casa, Jacobs la trasladó a un terreno vacío junto a la capilla, donde vivía Block. La casa sigue allí: vacía, desnivelada sobre unos soportes provisionales y con muchas de sus ventanas destrozadas. Al desaparecer la casa, Jacobs escavó por debajo de los árboles frutales y los arbustos que habían creado un oasis en el barrio.
“Básicamente, derribó todas las propiedades de esa calle”, agregó Block. “Eso fue lo que hizo que no quisiera llegar a conocer a esta persona. Desearía que nunca hubiera venido a este lugar”.
Block no tuvo una temporada larga en la capilla. La administradora de propiedades de Jacobs lo trasladó a Renova Flats. El alquiler promedio allí es de US$1,000 dólares al mes, pero recibió un descuento importante de parte de la administradora para que pudiera costear una habitación.
Block pagaba a tiempo y avanzó en liquidar las cuotas que le cobraron por mudarse. Pero en julio, al volver del trabajo se encontró con un aviso de desalojamiento sin causa en su puerta.
Comentó que la administradora le dijo que el descuento en el alquiler no era permanente. Le dio más tiempo para encontrar un lugar y puso su nombre en la lista de espera para una habitación en un proyecto de vivienda de transición en una zona industrial. Block no culpa a la administradora de la propiedad y dijo que ella ha hecho mucho de su parte para ayudarlo. Su ira descansa en Jacobs.
Es “como si no importáramos”, dijo Block “Sentimos que quizás sólo estorbamos. Como si trataran de mover a la gente que no gana mucho dinero. Pero, habiendo nacido y crecido aquí, siento que eso no es justo. He invertido el tiempo de mi vida en hacer de éste un lugar mejor”.
*ProPublica es un medio independiente y sin ánimo de lucro que produce periodismo de investigación en pro del interés público.
*Anjeanette Damon es la autora de esta historia. Ella es reportera de ProPublica que se enfoca en la responsabilidad del gobierno.
Alex Mierjeski contribuyó a la investigación.
Traducción: Mati Vargas-Gibson
Corrección de estilo: Deya Jordá Nolan
