Agentes antidrogas estadounidenses podrían perder la pista de Mario Moreno Lozano, detenido en mayo de 2014 en Venezuela, como resultado de un limbo judicial en Washington que ha retrasado su extradición.
Los agentes antidrogas de Estados Unidos se arriesgan a perder la pista de un importante narcotraficante colombiano quien, desde su arresto en mayo de 2014 en Venezuela, permanece protegido en los calabozos de la policía política del gobierno de Nicolás Maduro, tras un limbo judicial que se abrió desde Washington y retrasó su extradición.
Con poderosas conexiones en el inframundo del crimen organizado suramericano y una decena de alias que lo camuflaron durante complejas operaciones antidrogas entre el Caribe y Estados Unidos, Mario Moreno Lozano ha ganado con el tiempo un mayor interés para la Administración para el Control de Drogas (DEA) debido a que su estancia en Venezuela estos años, por el respaldo que recibió de altos funcionarios de ese país, amplió su abanico de información y contactos.
Su testimonio es clave para cerrar espinosos casos de narcotráfico que llevan años en cortes estadounidenses, algunos de los cuales compromete a jerarcas y militares del gobierno de Nicolás Maduro. Pero su caudal de información puede extenderse más allá de la Venezuela bolivariana.
Con la ruptura de relaciones diplomáticas entre Caracas y Washington, el 23 de enero de 2019, los contactos oficiales desaparecieron por completo, entre ellos, la débil cooperación judicial que existía. Este contexto Venezuela viene aprovechándolo a su conveniencia en un capítulo más de la tóxica relación entre el poder y el narco en la nación caribeña.
El misterio comienza en Caracas y termina en los pasillos del poder en Washington, donde el Gobierno estadounidense se niega a dar respuestas sobre el caso de Moreno Lozano, argumentando que las extradiciones no pueden ser discutidos públicamente.
Una petición de acceso a registros del caso sobre la base de la Ley de Libertad de Información está pendiente de respuestas por parte del Departamento de Estado y el Departamento de Justicia, luego de que ambos entes dilataran el proceso de investigación y recolección de material motivado al impacto del coronavirus que obligó a ralentizar las operaciones del gobierno federal.
Del lado venezolano, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) -un apéndice del Poder Ejecutivo del régimen de Maduro-, despachó una sentencia atribuyendo a los Estados Unidos el abandono de un caso que Caracas desatendió hace seis años.
El de Moreno Lozano, sin embargo, no es el único caso pendiente con Venezuela en el Departamento de Justicia y el Departamento de Estado, en vista de que, entre 2018 y 2019, Estados Unidos no concretó las solicitudes de extradición de una decena de presuntos criminales que requería a Caracas, por muy importantes que fueran sus delitos, según el registro de sentencias del TSJ.
El Tribunal Supremo tiene la facultad de autorizar la extradición de ciudadanos extranjeros requeridos por otros países, en vista de que los venezolanos no son extraditables, de acuerdo con la Constitución.
En medio del silencio oficial en Venezuela sobre toda blasfemia al régimen y sus altos funcionarios, fue peculiar que el 22 de mayo de 2019 el Tribunal Supremo publicara una ponencia en la que elevaba el caso de Moreno Lozano para que Estados Unidos presentara una solicitud de extradición en un plazo máximo de dos meses.
Mil rostros
Mario Moreno Lozano, alias “Juan Carlos”, “Luis Carlos Vélez López”, “Alexis Antonio Rodríguez Rodríguez” o “Luis Vélez López”, nació en la ciudad colombiana de Caldas, en octubre de 1967.
Durante años mantuvo confundido a los agentes de la DEA en diversas operaciones de narcotráfico a expensas de su trabajo con el capo colombiano Daniel Barrera Barrera – alias “Loco Barrera” — o los hermanos Fernández –“Los Gorditos” –, todos ellos encarcelados en Estados Unidos.
Pero además de trabajar con el “Loco Barrera”, Moreno mantuvo operaciones con otros prominentes narcos, como Víctor Antonio García, alias “Chiva Loca”; Hernando Salgado; Dante Tagliabetti y alias “Chuito”, estos dos últimos acusados en Puerto Rico por tráfico de drogas, reveló a ITEMP una fuente judicial que estuvo al tanto de las indagaciones conta Moreno.
De acuerdo con una primera investigación publicada en noviembre de 2017 por el Diario Las Américas de Miami, documentos de la Corte de Distrito de Puerto Rico, testimonios y entrevistas a narcotraficantes, Moreno manejó el transporte y cargamento de cocaína del “Loco Barrera” en Venezuela, “gracias a sus contactos significativos con la comunidad policial venezolana”.
La DEA y el Departamento de Justicia, dijo el periódico, “tienen conocimiento de que Moreno Lozano presuntamente recibió protección directa de Miguel Rodríguez Torres -un mayor general y exministro del Interior- convertido en un disidente del chavismo y ahora hace oposición al dictador Nicolás Maduro”.
Rodríguez Torres se encuentra en prisión desde 2018 tras ser arrestado por participar en una supuesta conspiración para derrocar a Maduro. Entre 2013 y 2014 el general ostentó el cargo de Ministro del Interior y Justicia, por lo que su despacho fue el responsable de manejar el caso de Mario Moreno: desde el arresto hasta la potencial extradición a Estados Unidos o expulsión a su país natal, Colombia.
Una duda oculta otra duda
Tras la caída en desgracia de alias el “Loco Barrera”, Moreno fue detenido en Caracas, como ahora se sabe, sin que las autoridades policiales lo informaran a diferencia de otros casos de droga en Venezuela donde el gobierno expone como trofeos a los detenidos por droga.
Ocultándose bajo nueve falsas identidades usadas a su menester por años, la sombra de Moreno Lozano siempre estuvo presente en alguna gran operación de drogas hacia Estados Unidos proveniente de Venezuela o Colombia, de acuerdo con el expediente del caso.
Pero sus múltiples alias le sirvieron hasta que los agentes de la DEA descubrieron su verdadera identidad gracias a la cooperación que brindó un importante narcotraficante, que por una década trabajó en Venezuela a expensas de sus relaciones con policías y militares de ese país.
En la ponencia del magistrado Juan Luis Ibarra, presidente de la Sala de Casación Penal venezolana, se detalla que el 15 de mayo de 2019 fue recibido el expediente remitido por un juzgado penal contentivo del procedimiento de extradición pasiva de Moreno Lozano, en virtud de una Notificación Roja de Interpol con el número A-3538/5-2014, expedida el 9 de mayo de 2014, por la que Estados Unidos reclamaba al capo colombiano “por los delitos de asociación para importar cinco o más kilos de cocaína” a suelo estadounidense.
Los antecedes del caso que describe la ponencia son espejo de las inconsistencias sobre Moreno Lozano en Venezuela, el “hombre invisible” para las autoridades venezolanos desde el momento de su arresto, el 2 de mayo de 2014, hasta una mañana de mayo de 2019.
Las conexiones con el crimen organizado no se acabaron para este ciudadano colombiano con su ingreso en las celdas de la policía política venezolana, según la prensa.
En enero de 2018 el portal digital venezolano Punto de Corte reveló que los funcionarios policiales vinculados al arresto del narco, que procesaron su ficha de detención, estuvieron implicados en un sonado caso de drogas en la frontera entre Colombia y Venezuela.
“Cuando se supo sobre la detención de los funcionarios, de inmediato se le relacionó a Moreno Lozano, quien estaría dirigiendo su red de narcotráfico desde la celda del SEBIN”, dice la historia periodística, acompañada de una imagen que muestra la boleta de encarcelamiento del narco.
Fama y gloria
La Administración para el Control de Drogas asegura que entre 2003 y 2013, Moreno formó parte de una organización dedicada al contrabando de cocaína en el Caribe, zona desde la cual organizó con éxito la importancia de miles de kilos de cocaína desde Colombia y Venezuela a EEUU, en particular a Puerto Rico.
Gracias a sus identidades durante esa década el narcotraficante “actuó como fuente principal de suministro, encargándose de obtener la droga de otras personas, para lo que utilizaba la isla de San Martín como punto de transbordo para expedir la cocaína hacia Islas Vírgenes estadounidenses, Puerto Rico y varios países europeos, entre ellos España, Holanda, Italia, Portugal y Croacia”, revela la orden de arresto de Interpol.
Joseph Pelz, el agente de la DEA que estuvo a cargo del caso de Moreno en Puerto Rico en 2014, declinó ofrecer comentarios del proceso debido a que la imputación está abierto actualmente.
El 18 junio de 2014, cuando se sabía que Moreno estaba bajo custodia de las autoridades venezolanas, el agente Pelz recibió un correo electrónico donde se le describió las conexiones que este narco colombiano tenía con otros traficantes internacionales, según una copia de esa comunicación revisada por ITEMP.
El interés por el capo era tan significativo para el Departamento de Justicia que Richard “Dick” Gregorie, Fiscal Federal en el Distrito Sur de Florida, siguió de cerca las indagaciones del caso, reuniéndose con testigos en Miami que tenían información clave del entonces prófugo.
Gregorie se jubiló del Departamento de Justicia en 2018, luego de cuarenta años de servicio y un largo historial de acusaciones contra prominentes narcotraficantes y lavadores de dinero, entre ellos el exdictador de Panamá, Manuel Antonio Noriega.
“Lamento no estar familiarizado con el caso (de Moreno). Sin embargo, debe verificarse el estado de las relaciones diplomáticas entre los Estados Unidos y Venezuela. ¿El Departamento de Estado de los Estados Unidos reconoce al Ministerio de Relaciones Exteriores de Maduro? ¿Reconoce Estados Unidos la actual Corte Suprema de Justicia de Venezuela? La extradición requiere el reconocimiento de las partes correspondientes”, advirtió el veterano jurista.
En los últimos cinco años, desde la detención, el narco colombiano estuvo sin proceso judicial alguno en los calabozos de la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) situado en el edificio Helicoide en Caracas, la mazmorra en la que se encuentran la mayoría de los presos políticos de Maduro, y uno de los lugares más custodiados del país.
La versión oficial que se maneja sobre el detenido, de la que hace eco la ponencia del Tribunal Supremo, es que Moreno Lozano fue arrestado en Caracas en una oficina del servicio de identificación y extranjería por agentes del SEBIN debido a que “se encontraba ejecutando diferentes actividades ilícitas”.
Según los detalles del acta, intentó tramitar el día de su detención un pasaporte venezolano utilizando una de sus falsas identidades, pero el sistema de seguridad del departamento de extranjería, al detectar el fraude, bloqueó el proceso y es cuando los agentes de seguridad procedieron a su captura como indocumentado.
La interrogante es cómo desde aquel viernes de mayo de 2014 hasta el momento que se publica la sentencia en 2019, transcurrieron cinco años en los que un narcotraficante del calibre de Moreno Lozano, en la mira de la DEA, pasó desapercibido en los corredores de la mayor prisión política venezolana, que al mismo tiempo es la sede del servicio de inteligencia del gobierno, y nadie reportara su presencia.
Los años de experiencia del veterano exfiscal federal Jonathan Rusch en el Departamento de Justicia le dicen que hay “algo extraño” en ese retraso de extradición que alega el Gobierno de Venezuela sobre el caso de Moreno.
“Si el Departamento de Justicia se hubiera tomado la molestia de que Interpol emitiera una Circular Roja sobre Moreno, sería realmente extraordinario que los fiscales no continuaran con una solicitud de extradición formal”, advierte Rush, quien fue subjefe en la Sección de Fraude de la División Criminal del Departamento de Justicia.
“Por mi experiencia como fiscal federal, puedo decir que los fiscales y agentes federales que han invertido tiempo y esfuerzos considerables en la elaboración de un caso sobre un delincuente importante están muy motivados para llevar adelante ese caso solicitando la extradición, a menos que no haya absolutamente ninguna perspectiva de que el gobierno requerido cumpla con una solicitud de extradición”, dijo Rush.
Por esa razón, “sólo puedo especular que la decisión de no solicitar la extradición puede basarse en la conclusión del Departamento de que hacer la solicitud formal sería infructuoso si Moreno sigue estando protegido, o en una decisión más general de no tener tratos oficiales de ningún tipo con el régimen de Maduro”.
El exfiscal Rusch no cree que el Departamento de Justicia hubiera pasado por alto o perdido una solicitud de extradición a Moreno. “Es mucho más probable que Estados Unidos nunca haya enviado la solicitud de extradición o que los Estados Unidos hayan enviado una solicitud, pero el gobierno venezolano decidió ignorarla”.
El Departamento de Justicia tiene un proceso establecido, a través de su Oficina de Asuntos Internacionales (OIA), para revisar, proporcionar orientación y transmitir las solicitudes de extradición de los fiscales del Departamento de Justicia a gobiernos extranjeros.
En 2019 el gobierno federal recibió 319 personas solicitadas por extradición desde distintos países con los que hay acuerdos en la materia. En ese mismo período aprobó 596 entregas de individuos reclamados por algún delito, exceptuando a los nacionales estadounidenses que no son extraditables.
La Circular Roja de Interpol que se emitió sobre Moreno no limita su alcance a Venezuela. Incluso desde su natal Colombia podría ser extraditado si las autoridades venezolanas lo expulsaban. El tiempo establecido por el Tribunal Supremo de Justicia para que Estados Unidos formalizara su reclamo expiró, y los registros del Buró Federal de Prisiones no revelan ningún detenido bajo custodia con referencia de este narco.
Entre 2006 y 2015 un total de 78 narcotraficantes internacionales que se refugiaron en Venezuela fueron entregados por las autoridades de ese país a los agentes de la DEA, según informes del Ministerio del Interior y Justicia venezolano, un hecho que permitió al Departamento de Justicia armar futuras acusaciones contra altos jerarcas del chavismo por su colaboración con los carteles de la droga.
Un cable desclasificado por WikiLeaks del Departamento de Estado mostraba la complejidad que la diplomacia estadounidense veía a la hora de tratar con Venezuela en materia de cooperación judicial, mostrándose sorprendidos los altos funcionarios de la administración cuando Caracas informaba de la entrega de algún prominente capo.
Cuando Roberta Jacobson fungió como subsecretaria de Estado para el hemisferio occidental durante la administración del presidente Barack Obama, una de sus funciones era calibrar las relaciones entre Washington y Caracas. Por sus manos pasaron cientos de informes sobre la presunta benevolencia del régimen bolivariano con el narcotráfico y el crimen organizado.
Roberta Jacobson fue la subsecretaria de Estado de EEUU para el Hemisferio Occidental entre 2012 y 2016
En un cable fechado el 13 de julio de 2015 Jacobson admitió que “si bien nuestra cooperación con Venezuela es casi inexistente debido a la renuencia del Gobierno a trabajar con nosotros de manera constante, en ocasiones opta por realizar arrestos significativos y entregarnos a las personas”.
La veterana diplomática se refería a la entrega de tres prominentes capos de la droga que estuvieron ocultos en Venezuela hasta 2010 y que gracias a las labores de inteligencia de Colombia y Reino Unido las autoridades venezolanas procedieron a ejecutar los arrestos.
“Es prácticamente imposible discernir su motivación (de Venezuela) para hacer (los arrestos) en otros casos. Independientemente de su motivación, es objetivamente bueno que estos tres individuos enfrenten justicia por sus crímenes en Estados Unidos”, escribió Jacobson en un documento no clasificado que salió a la luz entre los miles de archivos del correo electrónico de la secretaria de Estado Hillary Clinton revelados por WikiLeaks.
Cuando el Departamento de Justicia ofreció 15 millones de dólares por la entrega de Maduro, el Fiscal General William P. Barr lo acusó de desplegar cocaína como “arma para socavar” a EEUU. Para los agentes antinarcóticos, el principal problema con Venezuela radica en que es el propio aparato Gobierno-Estado, aferrado al poder en esa nación, el que está implicado al más alto nivel en negocios de droga, lo que hace imposible desde cualquier óptica combatir a los carteles.
