El general Hugo Carvajal fue acusado de narcoterrorismo. Su equipo legal está trabajando para probar que los testigos en su contra habrían mentido para obtener beneficios legales, según entrevistas y registros judiciales. Cual sea el resultado, este caso tendrá implicaciones de largo alcance.
Los fiscales solicitaron autorización a la Corte Federal de Distrito en Manhattan para comenzar a descubrir las evidencias que respaldan una compleja acusación por narcoterrorismo en contra del exjefe de la Inteligencia Militar de Venezuela, Hugo Carvajal Barrios, lo que permitirá a la defensa conocer cómo el Gobierno de Estados Unidos construyó un caso que lleva más de una década germinando.
Es la primera vez que los fiscales logran sentar en el banquillo a una figura prominente del poder político y militar de Venezuela, que, por sus funciones en el campo del espionaje y la contrainteligencia, guarda algunos de los mayores secretos de un régimen hostil a los intereses y la seguridad nacional estadounidense. Esto augura que el caso tendrá implicaciones que van más allá de un ajuste de cuentas por tráfico de drogas.
Semanas antes de revelar su fichaje como defensor del otrora poderoso general venezolano, el veterano abogado Zachary Margulis-Ohnuma hurgó en los escasos detalles públicos del expediente, leyendo documentos y artículos de periódicos, telefoneando a fuentes y potenciales testigos a su favor, hasta mostrarse convencido de que las pruebas contra su cliente son “poco fiables”.
Ahora se prepara para una defensa que apunta a cuestionar al Departamento de Justicia por lo que considera son una serie de inconsistencias legales y fácticas en la acusación, según el relato de una persona familiarizada con el asunto.
Margulis no convenció en diciembre pasado al juez Alvin K. Hellerstein de la Corte Federal de Distrito en Manhattan, para obtener la declaración de un testigo de interés para la defensa quien expondría que Carvajal no participó en 2006 en una importante operación de drogas en Venezuela que tenía como destino final Estados Unidos y por la cual, años más tarde, se abrió en Nueva York la acusación contra el exfuncionario.
A pesar de la denegación, y la presión de la fiscalía para que esto ocurriera, el juez Hellerstein dejó la puerta abierta para que la moción se volviera a presentar después de que el militar compareciera ante el tribunal.
“El Gobierno también tiene testigos que están en el extranjero que podría presentar en el juicio”, dijo Damian Williams, fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, en un documento al juez Hellerstein fechado en noviembre pasado.
De momento, el problema para Margulis sería el caudal de evidencia sellada que tiene el Departamento de Justicia para un caso que por más de diez años mantuvo a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley tras la pista de “El Pollo”, apodo con el que se conoce a Carvajal desde sus tiempos en la Academia Militar de Venezuela.
La cantidad de evidencia que la defensa pudiese revisar es voluminosa. Eso incluiría decenas o cientos de páginas de documentos con transcripciones, posibles imágenes, audios y fotos en poder de las agencias de seguridad, como es común en estos casos.
“Todavía no hemos recibido ningún descubrimiento. El gobierno dijo en la corte que había mucho descubrimiento clasificado. No sé qué quieren decir con ‘mucho’. Entonces, estamos trabajando en autorizaciones de seguridad para eso”, dijo Margulis-Ohnuma en un comunicado a Itempnews.
El abogado insistió en defender la inocencia de su cliente y dijo que estaba esperando el juicio para demostrarlo. La próxima comparecencia ante el juez está prevista para el 1 de noviembre.
La llegada de Carvajal a una prisión de Nueva York el 19 de julio pasado, luego de ser extraditado desde España, fue la culminación de una saga que comenzó con su arresto y posterior fuga en 2019. Desde ese momento, los agentes de la DEA en Europa no dejaron de buscarlo. Las autoridades españolas lo apresaron de nuevo en septiembre de 2021.
De acuerdo con una acusación de la Corte del Distrito Sur de Florida abierta en 2011, el narcotraficante colombiano Wilber Varela, alias “Jabón”, pagó a Carvajal para su protección y trasiego de drogas desde Venezuela. Tras el asesinato de Varela, en 2008, sus aliados “continuaron pagando a Carvajal Barrios y otros mandos de alto rango venezolanos para que les asistiera en sus actividades de tráfico de drogas”, dice la acusación.
Fuentes, Testimonio, Evidencia
Para cuando el general del Ejército, un antiguo confidente y aliado del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez, conozca quiénes y con qué pruebas fue acusado, notará que al menos una docena de esos testigos ya están en libertad tras pasar años en cárceles estadounidenses y cooperar con los fiscales.
Al menos seis prominentes traficantes de droga latinoamericanos, exfuncionarios de alto rango del Gobierno venezolano, lavadores de dinero y exrebeldes de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que operaron en Venezuela en la década pasada, declararon a los fiscales de Florida y Nueva York que Carvajal les dio facilidades como documentos y protección a medida que se refugiaban en el país suramericano para manejar sus operaciones de contrabando de cocaína a Estados Unidos y Europa, reveló una investigación de Itempnews.
Incluso, dos exguerrilleros que supuestamente trabajaron con Carvajal siguen en una prisión de Nueva York, condenados por narcotráfico.
El venezolano Antonio Arvelaiz, arrestado en Miami en 2015 por nexos con lavadores de dinero del narcotráfico, fue uno de los que contó a Itempnews que presuntamente ofreció testimonios en contra de Carvajal en la Fiscalía del Distrito Sur de Florida. En una entrevista reciente admitió que estaba listo para dar su testimonio si los fiscales lo llaman a declarar.
“Argumentos”
Otro testigo protegido, el narcotraficante colombiano Jaime Alberto Marín Zamora, alias “Beto Marín”, antiguo líder del cártel del Norte del Valle, quien colaboró para ampliar la acusación contra Carvajal y otros funcionarios de alto rango de Venezuela, es alguien de interés en todo este caso.
Pero su potencial testimonio podría ser tratado con escepticismo.
El capo colombiano estuvo menos de cinco años en una prisión de Florida y entregó información por la cual recibió reducción de condena. Su expediente, sin embargo, no está del todo cerrado. En una apelación de un caso separado introducida en febrero de 2023, se acusó a Beto Marín de forjar testimonios para favorecer su defensa cuando estaba siendo procesado en Florida. La Corte de Apelaciones del Undécimo Circuito deberá responder en los próximos meses. Cualquiera que sea el resultado, la defensa de Carvajal buscara deslegitimar el testimonio por lo que ha asegurado fueron “declaraciones falsas” contra su cliente.
“El testimonio de Beto Marín estuvo lleno de inconsistencias y varios casos en los que él sirvió como testigo o acusador, pueden derrumbarse fácilmente”, admitió una persona al tanto del proceso, que como otros entrevistados hablaron bajo condición de no revelar sus identidades debido a la naturaleza sensible de las acusaciones.
Los documentos de apelación que se refieren a Beto Marín no pudieron ser examinados de manera independiente por Itempnews para constatar los alegatos, pero el abogado demandante confirmó algunos detalles del proceso que está en curso en la corte de apelaciones.
Kevin Govern, profesor asistente adjunto en John Jay College de Justicia Criminal en Nueva York, indicó que “se desconoce la intersección entre las acusaciones y los casos en curso” en lo que respecta al expediente de Carvajal. Citó a Margulis, el abogado del acusado, quien alegó que “no ha recibido pruebas como mensajes de texto, emails, conversaciones intervenidas, grabaciones de llamadas a prisión, vídeos de vigilancia o pruebas físicas” vinculadas a su cliente.
De acuerdo con los documentos de la corte de Nueva York, Carvajal fue cómplice en el despacho de un cargamento de 5.6 toneladas de cocaína en un jet DC-9. La acusación describe que el avión partió la tarde del 10 de abril de 2006 desde la rampa presidencial del aeropuerto internacional de Maiquetía, en Venezuela. Por una falla técnica realizó un aterrizaje de emergencia en Campeche, México, pero su destino final era la ciudad de Toluca y de allí Estados Unidos.
A lo largo de los años, Carvajal ha negado su participación en este hecho.
Por este caso en concreto Margulis quiere utilizar el testimonio de Fernando Blengio, alias “Luis Fernando Bertulucci”, dueño del avión y la droga que salió de Venezuela, “quien testificará que nunca vio a Carvajal en toda la operación y había otra persona recibiendo sobornos haciéndose pasar por él”, escribió el abogado en una moción.
“Blengio testificará que él era el propietario del DC-9, coordinó el envío con las autoridades venezolanas y estas le mintieron al afirmar falsamente que Carvajal estaba involucrado para extraerle dinero. Este testimonio exculpará rotundamente a Carvajal en relación con la acusación del gobierno de que trabajó para ‘despachar’ el avión cargado de drogas”, dice la moción.
Blengio fue puesto en libertad en enero de 2023 tras pasar 13 años en prisiones estadounidenses. Los documentos judiciales muestran que fue deportado días después de cumplir su condena.
Richard Gregorie, exfiscal del Distrito Sur de Florida que imputó en 2011 al exjefe de inteligencia por primera vez tiene una perspectiva distinta sobre el testimonio de Blengio.
“No es raro que el propietario u operador de un narcoavión no conozca al líder del cártel que ordena el transporte de un cargamento de estupefacientes. Es posible que cada coconspirador no conozca a todos los demás coconspiradores, dependiendo de su papel en la conspiración”, escribió Gregorie en un correo electrónico.
En una carta presentada en un tribunal federal, el fiscal estadounidense Williams escribió que “el testimonio de que Blengio entendió que el acusado era un participante en el esquema, pero nunca lo conoció, no es exculpatorio”.
En su carta, el Sr. Williams dijo que “el posible testimonio de Blengio debe ser tratado con serio escepticismo” porque “Blengio se había ofrecido a fabricar su testimonio sobre un narcotraficante mexicano contra el cual era testigo del gobierno, a cambio de dinero”.
Si bien Carvajal se declaró “no culpable” durante su presentación inicial en la corte el 20 de julio, la fase de descubrimiento de pruebas y la discusión entre los fiscales y la defensa podría dar paso a una admisión de culpabilidad para obtener beneficios.
Si mantiene su inocencia, rechaza cualquiera de los cargos y se niega a cooperar, la fiscalía deberá demostrar que existen pruebas suficientes para acusarlo. Si el juez concluye que existe causa probable para creer que el acusado cometió el delito, habrá juicio.
“La mayoría de los acusados se declaran inocentes inicialmente, incluso si sus casos se resuelven más tarde a través de una declaración de culpabilidad negociada”, explicó Jonathan Hafetz, experto en derecho constitucional y seguridad nacional y profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad Seton Hall en Newark, Nueva Jersey.
Gregorie admitió que le “sorprendería que (Carvajal) fuera a juicio”.
“El acusado principal en este caso es (Nicolás) Maduro. Pregúntese, ¿quiénes son o quiénes querrían los fiscales de Nueva York que fueran testigos contra Maduro?”, advirtió Gregorie.
En marzo de 2020, el Departamento de Justicia acusó al autoritario presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y a varios de sus funcionarios y exfuncionarios de narcoterrorismo y corrupción, incluido Carvajal, quien en febrero de 2019 se había distanciado públicamente del mandatario, calificándolo de “dictador” y “asesino” tras romper con el régimen y reconocer a Juan Guaidó como líder del país.
Los expertos legales no niegan que el expediente de Hugo Carvajal es complejo, aunque no extraordinario en su forma, porque Estados Unidos tiene un largo historial de juicios por narcoterrorismo.
“Como resultado, la confluencia de la guerra contra el terror con la guerra contra las drogas ha culminado en la guerra contra el narcoterrorismo. En los Estados Unidos posteriores al 11 de septiembre, ante las crecientes pruebas de que los talibanes se financian con la droga, el Gobierno estadounidense se centra cada vez más en destinar recursos para frenar esta peligrosa práctica”, recordó el profesor Govern.
Pero la acusación y un eventual juicio al exencargado de Inteligencia Militar de Venezuela “debe considerarse a la luz de la profunda hostilidad del Gobierno de EEUU hacia el actual Gobierno venezolano, por lo que las implicaciones de política exterior de un caso como éste son mucho mayores que las de un caso normal de conspiración de drogas, ya que se trata de un ex alto funcionario venezolano”, comentó Wadie E. Said, profesor de derecho en Miles y Ann Loadholt de la Facultad de Derecho de la Universidad de Carolina del Sur.
Un juicio puede tomar meses en resolverse y de acuerdo con las acusaciones la condena contra el exjefe de inteligencia conlleva una sentencia mínima obligatoria de 20 años de prisión hasta cadena perpetua.
La capacidad de negociación de Carvajal con Estados Unidos, que sin duda quiere lo que el exjefe de espionaje militar ha recopilado durante años sobre Irán y China en Venezuela o sobre casos de corrupción en el país sudamericano, podría ser la clave para evitar una condena, dicen los analistas. De lo contrario, viene un largo proceso de defensa.
El exoficial fue director de la Inteligencia Militar de Venezuela (DIM) entre 2004 y 2011 y nuevamente entre 2013 y 2014. En enero de 2016 fue elegido diputado a la Asamblea Nacional venezolana.
Por cuestiones del destino, justo hace casi diez años, en julio de 2014, agentes de la DEA intentaron detener a Carvajal en la isla caribeña de Aruba, pero el plan fracasó debido a que gozaba de inmunidad diplomática y fue expulsado a Venezuela donde Maduro y sus colaboradores lo recibieron como un “patriota” con ovaciones. Ahora está a la espera de un juicio mientras permanece aislado en el Centro de Detención Metropolitano, una cárcel federal en el paseo marítimo de Brooklyn.
