En un solo año, el gobierno presentó más de 56,400 mociones para reactivar expedientes en los que se había solicitado asilo y llevarlos nuevamente hacia una resolución, mientras las concesiones siguen cayendo.
Funcionarios de inmigración rechazaron en junio pasado la petición de asilo de Mercedes Gómez y su familia, seis meses después de que finalmente fuera entrevistada en diciembre de 2025. La decisión llegó tras más de once años de espera por aquella entrevista y truncó un arraigo construido a base de sacrificios en Estados Unidos, donde nació el menor de sus tres hijos apenas meses después de su llegada.
Tras hacer de Miami su hogar desde 2014, esta venezolana originaria de Maracaibo —la segunda ciudad más poblada de su país— ha visto ahora cómo el costo de su apelación en un tribunal de inmigración termina de vaciar sus bolsillos. Vendió su vehículo, agotó sus ahorros y se endeudó al límite para costear un nuevo abogado que asuma su defensa.
El caso de la familia Gómez es apenas una muestra de un fenómeno mucho más amplio.
Una investigación de Itempnews encontró que, en un solo año, el gobierno del presidente Donald Trump presentó más de 56,400 mociones para devolver al calendario expedientes migratorios que permanecían administrativamente cerrados y en los que se había solicitado asilo. La avalancha de mociones precedió a otra caída drástica: las concesiones de este amparo humanitario en las cortes de inmigración llegaron a un mínimo histórico de 5.5% en junio de 2026.
La ofensiva responde a la decisión del gobierno de volver a llevar hacia una resolución casos que habían permanecido suspendidos durante años, ampliando así el universo de inmigrantes cuyos procesos pueden terminar en una orden de deportación, según expertos.
Pero los solicitantes de asilo y otras comunidades extranjeras enfrentan ahora un profundo cambio de reglas, mientras la Casa Blanca restringe la inmigración y acelera las expulsiones. Para los venezolanos, se suma además un nuevo escenario legal: los cambios políticos ocurridos en su país pueden ser considerados al evaluar si todavía existe un temor fundado de persecución.
Un análisis de los archivos públicos de casos de la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Inmigración (EOIR), la agencia del Departamento de Justicia que administra las cortes de inmigración, encontró un fuerte aumento en tres tipos de mociones presentadas en procedimientos que contenían solicitudes de asilo.
Las mociones para reabrir (motions to reopen), que permiten volver sobre un procedimiento después de una decisión para considerar nuevos hechos o evidencia, pasaron de unas 10,700 en el año fiscal 2024 a 17,100 en 2025, un aumento de cerca del 59%. Las mociones para reconsiderar (motions to reconsider), que piden revisar un dictamen por posibles errores de hecho o de derecho, aumentaron de unas 900 a 1,600.
El salto más pronunciado ocurrió, sin embargo, en las mociones para devolver al calendario procedimientos administrativamente cerrados (motions to recalendar): pasaron de unas 5,450 en 2024 a 62,300 en 2025, más de once veces en un año. De estas últimas, más de 56,400, nueve de cada diez, fueron presentadas por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Esto significa, en la práctica, que la agencia pidió a los tribunales de inmigración volver a poner en marcha decenas de miles de esos procedimientos en los que constaba una solicitud de asilo. Según la EOIR, el cierre administrativo suspende temporalmente un caso sin resolverlo; este mecanismo se ha utilizado por distintas razones, entre ellas permitir que una persona tramite otro beneficio legal en el país.
Organizaciones de defensa legal de inmigrantes documentaron que, desde mayo de 2025, el DHS comenzó a solicitar de forma masiva la reactivación de estos procedimientos, algunos de los cuales llevaban años suspendidos.
El aumento se concentró entre mayo y julio de 2025, cuando se registraron cerca de 49,300 mociones para devolver casos al calendario. El salto coincidió con los primeros meses de la campaña de deportaciones de la administración Trump y con una intensificación de las operaciones de control migratorio del DHS, dirigido por la secretaria Kristi Noem.
La actividad tuvo también importantes focos en determinados tribunales. Nueva York, West Los Angeles, San Francisco, Miami y Orlando acumularon más de la mitad de las mociones presentadas por el DHS durante el año fiscal 2025. En Florida, los tribunales de Miami y Orlando representaron por sí solos alrededor del 17% del total. Las cifras corresponden a la ubicación del tribunal y no a la residencia o nacionalidad de los solicitantes.
Revisión a fondo
La actuación de las autoridades federales va más allá de los procedimientos administrativamente cerrados. El DHS también está apelando concesiones de asilo para que la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) revise decisiones favorables de los jueces y determine si deben mantenerse, revocarse o volver a ser evaluadas.
Itempnews identificó al menos nueve casos de este tipo entre los precedentes publicados en 2026, con solicitantes de Venezuela, Afganistán, Nicaragua, Rusia, Burkina Faso, Jamaica, México y Marruecos, además de una solicitante nacida en Tayikistán y de ciudadanía rusa.
Colleen Putzel-Kavanaugh, analista de políticas del Migration Policy Institute en Washington, advirtió que revisar casos previamente aprobados o cerrados supone una carga adicional para un sistema con recursos y personal limitados.
“Los recursos y el personal son finitos”, señaló. “Reabrir casos previamente aprobados o cerrados añade una carga de trabajo adicional, pero ciertamente es posible, con la contrapartida de ralentizar otros tipos de trámites”.
No se conoce el número total de concesiones de asilo impugnadas por el gobierno. Las nueve identificadas corresponden únicamente a decisiones que la BIA convirtió en precedentes públicos y, por tanto, no representan necesariamente el universo total de apelaciones.
Uno de esos casos involucró a una venezolana a quien un juez había concedido asilo en abril. El DHS apeló, la BIA dejó sin efecto la decisión y devolvió el caso al tribunal para que reconsiderara su temor de persecución ante los cambios políticos ocurridos en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en enero de 2026 y su salida del poder.
Las impugnaciones alcanzan también otras formas de protección. En agosto, el gobierno logró revertir en menos de 24 horas la protección contra la deportación concedida bajo la Convención contra la Tortura al exministro ecuatoriano José Serrano. Unas cinco horas después de la decisión de la BIA, Serrano fue deportado a Ecuador, según The New York Times.
USCIS también ordenó revisar determinados beneficios migratorios ya aprobados, incluidos casos de asilo. Un juez federal anuló la política en junio, pero una corte de apelaciones permitió en agosto que la revisión continuara mientras se resuelve el litigio.
Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional no respondió las preguntas específicas de Itempnews sobre la revisión de concesiones de asilo. En una declaración por email, afirmó: “El presidente Trump y el secretario (Markwayne) Mullin están haciendo cumplir la ley, entre otras cosas, al garantizar que las solicitudes de asilo reciban una revisión legal adecuada. La Junta de Apelaciones de Inmigración existe, en parte, para evitar que las solicitudes de asilo sin mérito pasen inadvertidas”.
El costo del desgaste
Mientras el gobierno reactiva y revisa casos, las concesiones de asilo en los tribunales de inmigración han alcanzado mínimos históricos. En junio, los jueces resolvieron más de 14,000 casos, pero solo 771 personas obtuvieron protección: una tasa de aprobación de apenas 5.5%, según datos del proyecto TRAC de la Universidad de Syracuse.
La caída comenzó antes del actual gobierno. TRAC encontró que la tasa de aprobación, que superaba el 50% al comienzo de la administración Biden, había descendido al 32% al final de su presidencia. Bajo Trump, la disminución continuó y se aceleró hasta alcanzar el 5.5% en junio.
Putzel-Kavanaugh, la analista, advirtió que el gobierno ha adoptado “una interpretación amplia de la política de detención obligatoria”, que alcanza incluso a personas con solicitudes migratorias pendientes por años.
La experta agregó que detrás de muchos de los cambios impulsados por la administración existe un esfuerzo por aumentar las “autodeportaciones”. Los períodos prolongados bajo custodia, “especialmente en condiciones supuestamente deficientes”, han llevado a algunas personas a optar por abandonar el país en lugar de permanecer detenidas indefinidamente, indicó.
El alcance del nuevo precedente puede ser considerable para los venezolanos. En el año fiscal 2024, Venezuela fue la tercera nacionalidad por volumen total de casos de asilo ante los tribunales de inmigración, detrás de Honduras y Guatemala. La EOIR registró 28,647 casos venezolanos ese año, de los cuales cerca de siete de cada diez seguían sin ser adjudicados al cierre del período.
Para otros solicitantes de asilo venezolanos, la incertidumbre continúa incluso después de haber sido entrevistados. Gabriela Pérez, cuyo nombre fue cambiado para proteger su identidad, exempleada del Ministerio de Justicia de Venezuela, llegó a Estados Unidos en 2016. En enero de 2026, tras una década en el país, USCIS la entrevistó por su solicitud de asilo. Ocho meses han pasado y todavía espera una decisión.
La demora la mantiene en una zozobra constante. Pérez explicó, durante una entrevista telefónica desde su casa en Doral, al oeste de Miami, que los operativos de ICE que se han intensificado en la zona han transformado su vida cotidiana. El temor a ser detenidos, dijo, ha llevado a su familia a reducir sus salidas y permanecer la mayor parte del tiempo en casa.
“Hemos dejado de salir con nuestros niños a un simple parque, o ir al supermercado en familia porque pueden arrestarnos. Ya nuestra vida no es normal. Me siento como criminal”, lamentó Pérez en una entrevista.