“Aún no conocemos la magnitud total del fraude, y es importante tener en cuenta que todavía se está gastando dinero. Pero nuestros miembros tienen cientos de auditorías e investigaciones en curso”, dijo Robert A. Westbrooks, director del Comité Federal de Responsabilidad de Respuesta a la Pandemia.
A medida que avanzan las investigaciones por fraudes y pagos de alivio indebidos de la era pandémica, el gobierno federal aún desconoce la magnitud del dinero robado, pero los fiscales confían en que avanzarán en el volumen de acusaciones este año conforme el acceso a millones de registros de datos y fuentes de las agencias involucradas está facilitando las auditorías a un ritmo vertiginoso en lo que se ha convertido en una de las mayores pesquisas contra fraudes en la historia reciente de Estados Unidos.
Los recursos enviados por el Congreso y la Casa Blanca entre 2020 y 2021 por cinco trillones de dólares en programas y gastos de alivio por el Covid-19 desataron una ola desproporcionada de préstamos y ayudas fraudulentas que en 2022 mantuvo a las agencias de fiscalización trabajando contra reloj para hallar a los estafadores.
Solo en los últimos tres meses de 2022 más de 100 casos fueron revelados en una decena de cortes de distritos de varios estados del país, encontró Itempnews luego de una revisión. Eso es más del doble que en el mismo período de 2021.
Hasta octubre, los fiscales acusaron a 1,500 personas por fraude pandémico por valor de $1,100 millones. Han recuperado $ 1,200 millones en fondos de ayuda mientras siguen investigaciones civiles a unas 1,800 personas y entidades por presunta mala conducta en relación con préstamos de ayuda por la pandemia por más de $ 6,000 millones.
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El temor de los investigadores era que un período de cinco años otorgado por la ley para perseguir a los estafadores pudiera resultar insuficiente frente a la complejidad de los casos. Sin embargo, cuando el presidente Joe Biden firmó en agosto de 2022 dos leyes que ampliaron de cinco a diez años el plazo de prescripción de todos los tipos de fraude pandémico, el gobierno ganó más tiempo para presentar cargos penales.
Ahora los equipos de supervisión quieren que el Senado se apresure en aprobar una ley introducida en 2021 que permitiría aumentar el límite jurisdiccional para recuperar dinero de reclamaciones falsas o fraudulentas más pequeñas que oscilan entre 150,000 a $ 1,000,000. Con esto, los investigadores quieren asegurarse de que la legislación garantice que, independientemente del monto de dinero implicado, los estafadores serán perseguidos.
Por ahora, la comunidad de supervisión federal está trabajando en el análisis de millones de datos públicos y no públicos, de la mano con expertos en ciencia de datos reclutados por agencias gubernamentales, lo cual ha permitido en el último año consolidar registros en busca de potenciales defraudadores.
“Aún no conocemos la magnitud total del fraude, y es importante tener en cuenta que todavía se está gastando dinero. Pero nuestros miembros tienen cientos de auditorías e investigaciones en curso. Cada vez que se completa una de estas, aprendemos más sobre el alcance del fraude”, dijo Robert A. Westbrooks, director del Comité federal de Responsabilidad de Respuesta a la Pandemia (PRAC) en una entrevista con Itempnews.
Los cientos de casos revelados en los últimos dos años arrojan luz de la audacia con la cual las personas a lo largo de todo el país aprovecharon la emergencia nacional e idearon verdaderas empresas criminales mientras el Congreso enviaba millones de dólares de los contribuyentes en el apogeo de la pandemia.
En septiembre, el Departamento de Justicia acusó a 47 personas de Minnesota de defraudar un programa federal destinado a proporcionar alimentos a niños necesitados durante la pandemia. La estafa de $ 250 millones, perpetrada por la organización sin ánimo de lucro Feeding Our Future y más de 200 centros de distribución de alimentos de Minnesota, es la mayor descubierta hasta la fecha.
Sin embargo, la mayoría de las acusaciones y condenas del Departamento de Justicia tienen que ver con fraudes al Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP) y el programa de Préstamo por Daños Económicos por Desastre (EIDL) que surgieron en virtud de la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica del Coronavirus (CARES) aprobada por el Congreso en marzo de 2020.
Desde un pastor que obtuvo fondos fraudulentos por siete millones de dólares a través de una iglesia evangélica en Florida; un congresista estatal que falsificó documentos, o un artista discográfico que adquirió un Ferrari por 90 mil dólares usando el dinero de alivio contra la pandemia, los casos evidencian que no hay un perfil específico para describir a los estafadores.
Para llegar a estos casos, un batallón de inspectores generales del gobierno federal trabaja en conjunto desde que el PRAC, el comité independiente que supervisa el gasto federal de ayuda para la pandemia entró en funciones en marzo de 2020 bajo la Ley CARES. En la actualidad, esos inspectores están supervisando 426 programas de ayuda para la pandemia en más de 40 agencias.
Los investigadores describen el esfuerzo para resolver los casos como una “empresa única” dado los niveles históricos de dinero que el Congreso repartió a las agencias federales para brindar ayuda a personas, corporaciones, gobiernos estatales y locales y servicios públicos durante la crisis de salud de 2020.
El Grupo de Trabajo contra el Fraude del PRAC, que cuenta con 50 investigadores de 15 agencias, trabaja con socios de las fuerzas de seguridad federales y con el Grupo de Trabajo contra el Fraude COVID-19 del Departamento de Justicia.
Solo la Administración de Pequeñas Empresas (SBA, en inglés) distribuyó en 2020 unos $ 343 mil millones en préstamos PPP en los primeros 14 días del programa. Eso representó casi la mitad del presupuesto del Departamento de Defensa en 2020, lo que ayuda a entender por qué el programa se convirtió en el objetivo de los defraudadores.
Los préstamos PPP, que en muchos casos eran condonables, se crearon para ayudar a pequeñas empresas a cubrir sus nóminas y mantenerse operativas, por lo cual los estafadores se dedicaron a falsificar los requisitos, motivados por una supervisión laxa del programa para otorgar fondos en las primeras semanas de la pandemia.
El inspector general de la Administración de Pequeñas Empresas (SBA, en inglés) descubrió $ 80.000 millones en préstamos potencialmente fraudulentos para desastres económicos y $ 4,600 millones en préstamos dudosos del Programa de Protección de Cheques de Pago, explicó Westbrooks, como muestra de las tareas pendientes.
En septiembre, el Inspector General del Departamento del Trabajo emitió una alerta en la que identificaba $ 45.600 millones en prestaciones del programa de seguros de desempleo que se habrían pagado a personas con números de la Seguridad Social repetidos en varios estados, personas fallecidas y hasta presos federales.
Para enviar las solicitudes y obtener el dinero de los programas, los defraudadores estaban urgidos de grandes volúmenes de información privada. Eso abrió la puerta a una avalancha de robo de identidad que las autoridades temen ahora se estén utilizando para estafas o fraudes, afectando el puntaje de crédito de las víctimas.
Según la Comisión Federal de Comercio, los ladrones de identidad atacaron el programa de seguro de desempleo pandémico con más de 394,000 personas que reportaron que su información personal fue robada para solicitar un beneficio del gobierno, un aumento de casi 3,000% desde 2019.
En la mayoría de los casos presentados por los fiscales, los acusados siguieron el mismo esquema y a veces un solo individuo ejecutaba varias operaciones en diferentes estados. Luego de obtener el botín, se dedicaban a derrochar el dinero en excentricidades, artículos de lujo o propiedades, que ahora el Departamento de Justicia está incautando o solicitando restitución.
Una combinación de tres factores hizo que aumentaran el riesgo y la cuantía del fraude, sobre todo en los programas de préstamos a pequeñas empresas y el seguro de desempleo, explicó Westbrooks, el director del Comité de Responsabilidad de Respuesta a la Pandemia.
El primero fue la autocertificación, o "sistema de honor". La Administración de Pequeños Empresas permitía a los prestamistas basarse en las autocertificaciones de los prestatarios para evaluar su elegibilidad para el programa de protección de cheques. Cosas como los gastos de nómina y el número de empleados de una empresa no se comprobaban. En segundo lugar, había un gran sentido de la urgencia por sacar el dinero rápidamente. En tercer lugar, estos programas eran totalmente nuevos, creados desde cero en medio de una pandemia.
“Ciertamente, algunas personas se aprovecharon de estos factores y podrían pensar que se han salido con la suya (…) sin embargo, ahora tenemos más tiempo para perseguirlos”, advirtió el funcionario.
No hay un estado o ciudad en particular que destaque por volumen de fraudes, porque, si bien las investigaciones están en curso, “lo que descubrimos es que el fraude en las prestaciones por pandemia es un problema nacional”, explicó Westbrooks.
Por ejemplo, Arizona pagó $ 1,600 millones en prestaciones a personas que las solicitaron utilizando una identidad robada. California calculó que envió $ 800 millones en prestaciones a 45,000 presos.
Marlene Rodríguez, vocera de la Oficina del Fiscal Federal en el Distrito Sur de Florida, dijo que su oficina ha procesado más de 80 casos desde que se aprobó la Ley CARES, además de ejecutar incautaciones por $ 23,5 millones en fondos de ayuda robados.
En septiembre pasado el Departamento de Justicia estableció tres equipos especiales (Strike Force, en inglés) para mejorar los esfuerzos en investigaciones de fraude pandémico. Operarán desde las Oficinas del Fiscal Federal en el Distrito Sur de Florida, el Distrito de Maryland y en conjunto entre los Distritos Central y Este de California.
Con una crisis de salud pública que iba cobrando cientos de vidas por día en toda la nación, la economía cerrada y millones de empleos perdidos, la inyección de dinero federal entre 2020 y 2021 fue determinante para evitar un colapso económico y social que habría conducido a EEUU a una recesión larga y dolorosa. Fue una realidad sin precedentes que muchos aprovecharon para romper la ley sin medir las consecuencias.
Para los investigadores académicos y grupos independientes de control gubernamental, el mayor problema es que este tipo de fraudes se convierta en algo normal y rutinario cada vez que la nación enfrente un desastre de grandes proporciones.
“Estados Unidos ha sido capaz durante mucho tiempo de absorber los impactos económicos de los desastres localizados porque es un país grande y rico. Pero estamos en una nueva normalidad. Hay evidencia más que suficiente de que los próximos impactos probablemente serán más grandes, menos localizados, más numerosos y costosos. Se necesita una mejor preparación”, advirtieron en un informe los investigadores del Proyecto sobre Control Gubernamental (POGO), un grupo de supervisión no partidista con sede en Washington.
Si bien los programas de asistencia se implementaron rápidamente para responder a la crisis pandémica, quedaron vulnerables a errores de pago y posibles fraudes. Por ejemplo, si los concesionarios pagaron en exceso o pagaron a personas no elegibles, el Tesoro no tenía un proceso para averiguarlo o recuperar ese dinero rápidamente, indicó en un informe la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO, en inglés), el brazo de investigación no partidista del Congreso.
