El conjunto de ocho viviendas adquiridas por Yanoselli Colmenares se ubica en la ciudad de Wellington, Palm Beach, y está valorado en más de tres millones de dólares, halló Itempnews en una investigación. El extesorero se declaró culpable en Estados Unidos de recibir mil millones de dólares en sobornos.
Mientras pasaban los meses y Alejandro Andrade, extesorero nacional de Venezuela, estaba encerrado en una prisión estadounidense por lavado de dinero, Yanoselli Colmenares, su exesposa, compró y vendió casi una decena de viviendas en el condado de Palm Beach, Florida, donde la familia vivió con opulencia en el pasado, a expensas de cientos de millones de dólares que recibió de la corrupción venezolana, revela una investigación de Itempnews.
El conjunto de ocho viviendas se ubica en la ciudad de Wellington, Palm Beach, y está valorado en más de tres millones de dólares, según los hallazgos de Itempnews. Dos de las propiedades están disponibles para rentar por 25 000 dólares al mes, mientras el resto se ha revalorizado. Otra fue vendida en octubre de 2019 por 1.1 millones de dólares, de acuerdo con los registros de propiedad del condado examinados para esta historia.
Colmenares, una abogada que sirvió durante al menos una década como funcionaria pública de Venezuela hasta mudarse a Florida, en 2014, fue citada por su ahora exesposo como beneficiaria del esquema de lavado de dinero del cual él se declaró culpable en 2017. Sin embargo, los fiscales no presentaron cargos contra ella.
La pareja se divorció en agosto de 2019 luego de 29 años de matrimonio, conforme con registros judiciales venezolanos. La petición se introdujo en Venezuela en febrero de 2018, dos meses después de que el extesorero se declarara culpable, el 22 de diciembre de 2017, en una acusación sellada por el Departamento de Justicia. El caso devino en una de las mayores pesquisas contra la corrupción transnacional realizada en Florida en los últimos años.
Tras ser acusado, Andrade admitió que había obtenido más de 1 000 millones de dólares en sobornos del empresario de los medios venezolanos, Raúl Gorrín, y otros conspiradores conectados con el gobierno socialista del país suramericano, a cambio de usar su cargo como jefe de la Oficina Nacional del Tesoro para beneficiarlos en operaciones de cambio de divisas a tasas favorables.
El botín incluyó millones de dólares en efectivo, además de automóviles de lujo, joyas, bienes raíces, jet privados y caballos de exhibición adquiridos a través de una sofisticada red que manejó desde Florida una decena de empresas y 40 cuentas de 17 bancos de Estados Unidos, Suiza y Panamá durante el tiempo que duró la trama, revelaron los fiscales.
La lista de propiedades en manos de Colmenares, que se informan por primera vez aquí, se obtuvo después de examinar más de 300 páginas de documentos judiciales del caso que mostraban cuentas bancarias, beneficiarios y empresas, usadas por el extesorero para recibir sobornos. Itempnews encontró que al menos una compañía de la lista, asociada con la entonces pareja de Andrade, se mantuvo activa.
Andrade fue sentenciado en noviembre de 2018 a 10 años de prisión por un juez de la Corte del Distrito Sur de Florida, pero logró una reducción del 65% de su condena por cooperación con los fiscales. En febrero de 2022 quedó en libertad.
Los fiscales siguen trabajando para recuperar la máxima cantidad del dinero robado.
El mes pasado, la Corte del Distrito Sur de Florida notificó a Colmenares que una vivienda que había obtenido en noviembre de 2014 con ayuda económica de los conspiradores de su esposo sería decomisada por el gobierno.
Unos 100 000 dólares de un total de 250 000 dólares usados para adquirir esa propiedad provinieron de sobornos; el resto fue financiado por Colmenares y su familia, según los documentos judiciales. El inmueble cuesta hoy medio millón de dólares.
De acuerdo con la confesión del extesorero en el acta de “Consentimiento para Decomisos”, las cuentas bancarias y la compañía YICSMI66, LLC, registrada en Florida en 2014 a nombre de Colmenares, habrían servido para triangular dinero de sobornos.
También, dos cuentas personales asociadas a su esposa en Wells Fargo y Bank of America, habrían sido utilizadas para absorber dinero de la trama, siempre según los documentos. No obstante, en el acuerdo de culpabilidad de 2017, Andrade nunca implicó a su cónyuge como co-conspiradora, colaboradora o cómplice.
Bank of America y Wells Fargo no respondieron a solicitudes de información.
Los fiscales nunca ordenaron disolver YICSMI66, LLC, según las sucesivas órdenes preliminares de confiscación, y tampoco ordenaron cancelar las cuentas bancarias asociadas a la compañía, por lo cual esta siguió activa con Colmenares como propietaria, señalan los registros de la División de Corporaciones de Florida.
Entre el 22 de diciembre de 2017, cuando Andrade se declaró culpable, y su posterior sentencia en noviembre de 2018, el extesorero de Venezuela entregó al menos 300 millones de dólares entre dinero y bienes.
Al margen de ese enorme botín, su cónyuge comenzó a adquirir inmuebles a título individual en Wellington, una ciudad al sur de Florida conocida por sus lujosas residencias, aeródromos privados y competiciones internacionales de equitación, un deporte que fascinaba a los hijos de la pareja.
No está claro el origen de los fondos que Colmenares utilizó para estas operaciones, ya que su estatus de Persona Expuesta Políticamente (PEP) hace más rigurosas sus transacciones a través del sistema financiero estadounidense.
Los PEP son individuos con un rol político de alto perfil cuya posición destacada en la vida pública puede hacerlos vulnerables a la corrupción. Para el Departamento del Tesoro, las figuras políticas venezolanas de alto nivel y sus asociados deben estar bajo especial vigilancia.
Colmenares era cónyuge de un condenado por lavado de dinero en EEUU que fue tesorero nacional de Venezuela. Ella, al mismo tiempo, ejerció como funcionaria pública de rango medio en su país, por lo cual entra en la categoría de PEP.
En febrero de 2019, con el extesorero recién en prisión, y la economía de Venezuela sintiendo los efectos de mala administración y corrupción, Colmenares adquirió por 485 000 dólares una casa de 2 700 pies cuadrados y cuatro habitaciones en Wellington que registró a su nombre. La propiedad, que está valorada en casi un millón de dólares en estos momentos, fue puesta a la renta por 18 000 dólares mensuales.
Ocho meses después, en octubre, Colmenares vende por 1.1 millones de dólares una propiedad en Wellington que había adquirido en marzo de 2015 a través de YICSMI66, LLC.
Andrade contó a los fiscales que esa vivienda, así como otra registrada por YICSMI66, LLC, también en Wellington, eran propiedad de su esposa y familia desde junio de 2016 y él podría “tener intereses” en ese inmueble en virtud de su matrimonio. El Departamento de Justicia no ordenó incautarla. Una de estas casas está a la renta por 7 200 dólares al mes.
Si Colmenares consigue rentar estas dos propiedades, puede asegurarse unos 25 000 dólares al mes, el equivalente a 1 670 meses del salario mínimo de Venezuela.
Por otro lado, entre junio y octubre de 2020, en plena pandemia del coronavirus, Colmenares compró otras cuatro propiedades en Wellington a través de YICSMI66, LLC por 620 000 dólares. Hasta septiembre de este año el conjunto de viviendas está valorado en 1.2 millones de dólares, según Zillow, el sitio web de bienes raíces.
El Proyecto Itempnews no publicó las direcciones de las propiedades investigadas, pero consultó con Mariangélica Domínguez, la agente de bienes raíces en Wellington que asesoró a Colmenares con las compras y alquileres, quien no respondió los correos electrónicos.
Los Andrade-Colmenares nunca dejaron de levantar suspicacia entre quienes los conocieron antes y después de mudarse con sus hijos a Wellington, recuerda un antiguo vecino de la familia en la zona, que pidió no ser mencionado para esta historia.
“Era absurdo su nivel de riqueza, cómo vestían, los carros que manejaban, los caballos, todo. La señora (Yanoselli) siempre estaba con carteras Louis Vuitton y joyas delicadas. Una vez la llegué a ver en un grupo de beneficencia de mujeres con mucho dinero”.
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Conexión con el poder
En Venezuela, Colmenares era una registradora mercantil, un cargo público por designación de la Oficina Nacional de Presupuesto, una entidad del Ministerio de Finanzas, cuya función era recoger e inscribir todos los actos relacionados con sociedades mercantiles y particulares en dos circunscripciones judiciales del país.
Itempnews no pudo determinar los ingresos de Colmenares cuando dejó su cargo como registradora, porque las declaraciones juradas de patrimonio no son públicas en Venezuela. La Contraloría General de ese país, responsable de los registros, no respondió a solicitudes de información.
Alejandro Andrade, un militar de carrera, fue primero guardaespaldas del fallecido presidente Hugo Chávez tras el triunfo de este en las elecciones de 1999. Ese puesto de extrema confianza lo catapultó hacia las filas del poder, hasta ser designado en 2007 como tesorero nacional de la otrora rica nación petrolera, sin mayor experiencia en este campo que haber jugado béisbol con su jefe cuando eran jóvenes.
Abordado por Itempnews en varias oportunidades durante 2022, por teléfono y correo electrónico, Michael Diaz, Jr., abogado de Andrade en EE. UU., se negó a responder preguntas.
La portavoz de la Corte del Distrito Sur de Florida, Marlene Rodríguez, declinó comentar sobre la investigación de Itempnews.
El exfiscal Jonathan J. Rusch, que enseña leyes en la Facultad de Derecho de la Universidad Americana de Washington, explicó que, si bien las propiedades de la exesposa de Andrade se compraron entre 2019 y 2020 bajo la misma razón social o cuentas asociadas al esquema de soborno, la fecha en que esto ocurrió juega un papel importante porque la compra ocurrió luego de la condena del extesorero en noviembre de 2018.
“Si los fondos llegaron posteriormente a la posesión o control de la esposa de Andrade en 2019 o más tarde, el Departamento de Justicia puede no haber tenido una base para la acción legal contra ella con respecto a esos activos”, dijo.
Rusch, quien fue subjefe en la Sección de Fraude de la División Criminal del Departamento de Justicia, agregó que “Andrade (y presumiblemente su esposa) eran conscientes de que el acuerdo de declaración de culpabilidad le exigía perder no solo todos los bienes implicados en la infracción de la que se declaró culpable, sino también los activos sustitutivos, a partir de 2017”.
EEUU no tiene leyes que prohíban que las Personas Expuestas Políticamente (PEP) adquieran propiedades. Algunos expertos en delitos financieros ven esto como una vía libre para el lavado de dinero, pero prácticamente pocos cuestionan la importancia de esta iniciativa para ayudar a combatir la corrupción extranjera.
La Orden de Orientación Geográfica (GTO, en inglés) relacionada con bienes raíces emitida por la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro, o FinCEN, solo requiere que las compañías de títulos identifiquen al beneficiario real si la propiedad se compra con una empresa fantasma o un fideicomiso.
Por esta razón, critican los especialistas, muchos funcionarios corruptos de gobiernos extranjeros crean empresas legítimas en Estados Unidos usando su nombre o a través de terceros, y se enriquecen descaradamente.
La GTO solo se aplica a 13 áreas metropolitanas del país, entre ellas los condados de Miami-Dade y Palm Beach, donde Andrade y sus conspiradores adquirieron en el pasado costosas propiedades. Si el comprador final no está sancionado por el gobierno estadounidense, la venta puede realizarse sin problema. En el caso del extesorero y su familia, nunca fueron incluidos en ninguna lista de sancionados del Tesoro.
Continuamos investigando el caso del extesorero nacional de Venezuela. Si usted tiene alguna pista o detalle que desea compartir, escriba a la siguiente dirección: Frlopezb@itempnews.org
Texto: Frank López Ballesteros
Edición: Alejandro Rodríguez
Diseño y edición fotográfica: Itempnews
